Un jurado federal en Fort Lauderdale condenó el 29 de octubre a Patrick Boyd, de 47 años, y Charles Boyd, de 43, propietarios de la empresa mayorista farmacéutica Safe Chain Solutions, por su participación en un plan para comprar y revender medicamentos contra el VIH mal etiquetados y obtenidos ilegalmente, por un valor superior a 92 millones de dólares.
Los hermanos Boyd, residentes de Easton, Maryland, operaban la compañía junto a su socio Adam Brosius, quien previamente se declaró culpable de conspirar para cometer fraude electrónico con ellos. Según el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, “los acusados antepusieron el lucro a la seguridad de los pacientes, distribuyendo medicamentos adulterados a farmacias de todo el país. Esta Fiscalía seguirá exigiendo responsabilidades a quienes ponen en peligro la vida de la ciudadanía”.
Durante el juicio se demostró que los Boyd trabajaron con al menos cinco proveedores del mercado negro para adquirir medicamentos contra el VIH obtenidos a través de “programas de recompra” de pacientes. Posteriormente, los revendían a miles de farmacias en todo Estados Unidos, incluyendo el sur de Florida, usando documentación falsificada para aparentar que los medicamentos provenían de distribuidores legítimos.
Uno de sus proveedores, Peter Khaim, declararon que compraba los medicamentos directamente de pacientes, quitaba las etiquetas originales y los enviaba empaquetados en cajas de cartón, a veces incluso recicladas de basura, como cajas de pañales. Algunos frascos estaban sucios, rayados o carecían de instrucciones, pero los Boyd los aceptaban y los distribuían a farmacias bajo documentación falsa.
En total, los Boyd adquirieron y revendieron más de 35 millones de dólares en medicamentos mediante Boulevard 9229 y más de 42 millones a otro proveedor, Gentek, con sede en Miami, cuyo líder ya ha sido condenado a 15 años de prisión.
Durante toda la conspiración, varias farmacias reportaron recibir medicamentos incorrectos o contaminados, incluyendo casos en los que fármacos como Seroquel, un antipsicótico, se entregaron en lugar de los medicamentos antirretrovirales. Uno de los pacientes afectados perdió el conocimiento por 24 horas al ingerir Seroquel creyendo que era su tratamiento contra el VIH.
Exempleados de Safe Chain Solutions testificaron que los Boyd ignoraban las advertencias sobre el riesgo de comprar al mercado negro, ocultaban información relevante y desaconsejaban registrar las quejas por escrito.
Tras semanas de juicio, el jurado encontró a los Boyd culpables de:
Conspiración para introducir medicamentos mal etiquetados
Introducción de medicamentos mal etiquetados en el comercio interestatal
Conspiración para traficar con productos médicos con documentación falsa
Conspiración y fraude electrónico
Cada uno enfrenta penas que van desde 3 hasta 20 años de prisión por los distintos cargos, mientras un juez federal determinará la sentencia final considerando las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
La investigación fue llevada a cabo por la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS-OIG) en Miami y el FBI de Miami, con la acusación dirigida por el fiscal federal adjunto Alexander Thor Pogozelski y la abogada litigante Jacqueline Zee DerOvanesian, mientras que la fiscal federal adjunta Nicole Grosnoff se encargó del decomiso de bienes.
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