Un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador ordenó la suspensión provisional por nueve meses del movimiento político Revolución Ciudadana, vinculado al expresidente Rafael Correa. La medida, solicitada en el marco de una investigación sobre posibles irregularidades en el financiamiento de campañas políticas, será ejecutada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en un plazo máximo de tres días tras la notificación del fallo.
El juez electoral Joaquín Viteri admitió a trámite una denuncia presentada por el fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón, como parte del caso denominado “Caja Chica”. Este caso investiga un supuesto esquema de delincuencia organizada y lavado de activos relacionado con el financiamiento de la campaña presidencial de 2023, con fondos que presuntamente provinieron de Venezuela.
Según la resolución judicial, durante el período de suspensión, Revolución Ciudadana quedará inhabilitado para participar en procesos electorales o realizar actividades propias de organizaciones políticas registradas. La suspensión es provisional y podría levantarse si la Fiscalía retira la solicitud, si el proceso es archivado o concluye sin sanciones.
El caso “Caja Chica” se inició tras el testimonio de Santiago Díaz, un exintegrante del movimiento, expulsado por acusaciones graves, quien afirmó haber trasladado dinero desde Venezuela bajo instrucciones de Correa. La Fiscalía y la Policía de Ecuador realizaron allanamientos recientes en la sede del partido y en la vivienda de la excandidata presidencial Luisa González, quien ha negado cualquier financiamiento irregular y ha denunciado persecución política.
Revolución Ciudadana reaccionó mediante un comunicado en el que califica la suspensión como un intento de impedir su participación en las elecciones locales próximas, convocadas para febrero de 2027, y anunció que emprenderá todas las acciones legales y democráticas para defender sus derechos y los de sus seguidores.
La decisión ha provocado un intenso debate político por la importancia de este movimiento en la oposición ecuatoriana y su vinculación directa con el expresidente Rafael Correa. Analistas estiman que la medida podría influir en el equilibrio político del país y en la dinámica de futuras contiendas electorales.
Las investigaciones continúan y las autoridades judiciales han solicitado informes periódicos para evaluar si la suspensión se mantiene o se modifica conforme avance el proceso.
Fuente: Diario del Sur
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