La embajada argentina en Caracas ha sido nuevamente rodeada por fuerzas de seguridad venezolanas, generando preocupación internacional. El sábado 23 de noviembre, múltiples efectivos armados y encapuchados de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) se posicionaron alrededor del recinto diplomático, en lo que líderes opositores califican como un acto de hostigamiento por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Desde marzo, seis miembros del equipo de campaña de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, opositores al régimen de Maduro, permanecen asilados en la embajada argentina. Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Machado y uno de los refugiados, denunció a través de redes sociales que las calles cercanas a la embajada fueron bloqueadas, que drones sobrevolaban la zona y que las señales telefónicas habían sido interrumpidas.
Omar González, otro de los asilados, publicó un video en el que se observan fuerzas policiales cercando el edificio diplomático. La situación ha sido calificada como un “sitio” por Edmundo González, reconocido como presidente electo de Venezuela por Estados Unidos y otros países tras los comicios del pasado 28 de julio.
Este no es el primer incidente de este tipo. En septiembre, la misma embajada fue rodeada por agentes del régimen de Maduro. En aquella ocasión, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, denunció que el objetivo del SEBIN era ingresar a la embajada, violando las normas internacionales.
La reciente escalada de tensión ocurre en un contexto de rechazo internacional hacia Maduro, especialmente después de que varios países, incluidos Estados Unidos y Argentina, reconocieran a Edmundo González Urrutia como vencedor de las elecciones presidenciales.
La embajada de Argentina en Caracas opera actualmente bajo la protección de Brasil, después de que el régimen de Maduro expulsara al personal diplomático argentino y de otras naciones sudamericanas en agosto. Este gesto se produjo tras el respaldo de esos gobiernos a la legitimidad de González Urrutia.
Además, la Cancillería argentina ha solicitado al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que emita órdenes de detención contra Maduro y altos funcionarios de su régimen por violaciones a los derechos humanos, lo que podría explicar el recrudecimiento de los actos intimidatorios hacia la embajada.
Líderes opositores han emitido un llamado urgente a la comunidad internacional para garantizar la seguridad de los refugiados en la embajada y detener los actos de hostigamiento contra sedes diplomáticas. “Es un acto de brutalidad y desprecio por las normas internacionales”, declaró Patricia Bullrich en relación con los incidentes de septiembre, posición que sigue siendo relevante ante los recientes eventos.
La situación evidencia una creciente tensión política en Venezuela, donde el régimen de Maduro enfrenta una presión internacional sin precedentes. Entretanto, el destino de los seis asilados en la embajada argentina sigue siendo incierto, en un contexto que pone a prueba la protección diplomática y el respeto al derecho internacional.