El violento arresto de la activista Camila Ramos durante una sesión pública de la Comisión de Miami-Dade ha encendido las alarmas sobre el uso de la fuerza y la limitación de derechos civiles en contextos de debate migratorio.

El incidente ocurrió durante una tensa audiencia sobre el acuerdo entre las cárceles del condado y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una colaboración que ha sido duramente criticada por organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Ramos, una reconocida activista de 36 años, intentó hacer una pregunta al estrado sobre los términos del acuerdo, cuando fue interrumpida por un agente vestido de civil. Al insistir en su derecho a comprender el proceso, fue sujetada con violencia, arrastrada, golpeada contra un cartel y finalmente empujada al suelo por varios agentes del orden.

Los asistentes captaron todo en video, lo que permitió que las imágenes circularan rápidamente en redes sociales, provocando indignación pública y convocatorias a protestas frente al centro de detención.

La sesión discutía la resolución 11A, la cual proponía permitir que las cárceles de Miami-Dade retuvieran inmigrantes hasta por 48 horas a petición de ICE, con una tarifa de 50 dólares por persona. Aunque presentada como una modificación técnica, el acuerdo representa una profundización de una colaboración ya polémica, que ha sido vista como una amenaza a la transparencia y al debido proceso.

La violencia del arresto y las restricciones impuestas a la participación pública expusieron lo que muchos consideran un patrón preocupante: la creciente criminalización de quienes cuestionan decisiones oficiales en materia migratoria.

La propia alcaldesa Daniella Levine Cava, que había firmado el acuerdo previamente, se vio forzada a justificar su decisión alegando motivos legales. Sin embargo, la reacción violenta a una simple pregunta evidenció que el problema va más allá del contenido de la política: se trata también de la forma en que se impide debatirla abiertamente.

Tras los hechos, la comisión reabrió la posibilidad de comentarios públicos, aunque la modificación del acuerdo fue pospuesta sin fecha. El caso de Camila Ramos deja en evidencia el delicado equilibrio entre seguridad y libertad en una Florida donde la colaboración entre autoridades locales y ICE se intensifica bajo el marco del programa federal 287(g).

Lejos de ser un caso aislado, este episodio se convierte en símbolo de una sociedad en tensión, donde el ejercicio de derechos fundamentales se enfrenta cada vez más a la represión institucional.

Lo ocurrido en la Comisión de Miami-Dade fue mucho más que un incidente aislado.

Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla donde decenas de usuarios expresaron su consternación, comparando lo sucedido con prácticas represivas típicas de regímenes autoritarios.

"No puedes hablar, no puedes preguntar, no puedes protestar. ¿Y esta es la democracia que nos vendieron?", escribió Yusi, una usuaria cubanoamericana que no ocultó su frustración. No fue la única. May López fue directa al grano: "Ni preguntar se puede", dejando en evidencia el nivel de represión que muchos sienten que se ha normalizado en el país que alguna vez fue símbolo de libertades.

Algunos, como Ronald Rosell, fueron más allá al advertir sobre una ciudadanía que vota sin conciencia y luego paga las consecuencias: "Quien siembra marabú no puede recoger tomates", dijo, en una metáfora que resonó con muchos otros comentarios que acusaban al electorado de permitir el ascenso de gobiernos que “legitiman la represión”.

Luly Acosta apuntó directamente a los cubanos pro-Trump: "¿Qué dicen ahora esos cubanos trumpistas? Salieron de Cuba por lo mismo que está pasando aquí", refiriéndose a la censura y la criminalización del disenso.

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