“No falta la policía para reprimir, pero el transporte sí está bien... ¡pero bien escaso!”. Con estas palabras, el activista por los Derechos Humanos, Liusban Jhon Utra, resume una de las contradicciones más dolorosas de la vida cotidiana en su país.

Expresándose con firmeza y claridad, el ex preso político denuncia una situación que, a pesar de su cotidianidad, no deja de ser alarmante.

Mientras las calles están llenas de agentes de seguridad preparados para disolver cualquier manifestación o acto de disidencia, el pueblo enfrenta una grave escasez de servicios públicos esenciales. Uno de los más afectados es el transporte, cuya precariedad limita la movilidad, el acceso al trabajo, la educación y la atención médica de millones de ciudadanos.

Para Utra, esto no es una coincidencia. Según él, la abundancia de recursos destinados a la represión contrasta brutalmente con la falta de inversión en necesidades básicas, como el transporte público. “Es como si quisieran que estemos aislados, que no podamos movernos ni organizarnos”, afirmó en una reciente entrevista.

La situación descrita por el activista pone en evidencia una estrategia de control social encubierta bajo el abandono estatal. Al dificultar la movilidad, se limita también la capacidad de protesta y organización colectiva. A su vez, la fuerte presencia policial funciona como un recordatorio constante de las consecuencias de levantar la voz.

Desde su salida de prisión, Utra ha insistido en la importancia de visibilizar estas contradicciones. Para él, no se trata solo de denunciar la represión directa, sino también de destacar las formas silenciosas de violencia estructural que afectan a los más vulnerables.

“Nos merecemos vivir con dignidad”, concluye. Y esa dignidad, según él, empieza por garantizar derechos básicos, no por llenar las calles de uniformados.

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