Una decisión sin precedentes del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos ha revocado la mayoría de los aranceles impuestos durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, marcando un fuerte revés jurídico y político a su estrategia comercial.

La resolución se centra en la aplicación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 que Trump utilizó para justificar la imposición de tarifas sin el consentimiento del Congreso.

Según los tres jueces que firmaron el fallo —incluidos dos nombrados por presidentes republicanos—, Trump excedió sus competencias constitucionales.

"Este fallo reafirma que nuestras leyes importan y que las decisiones comerciales no pueden tomarse por capricho del presidente", expresó el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, destacando el valor institucional de la sentencia. El dictamen da la razón a una coalición conformada por cinco empresas y doce estados federales, que argumentaron que la imposición de aranceles sin control legislativo ponía en peligro la estabilidad del comercio y sentaba un precedente autoritario.

Aunque la anulación de los decretos presidenciales tiene efecto inmediato, el tribunal ha concedido un plazo de diez días para que la Administración dicte las medidas necesarias para su aplicación.

Además, los jueces permiten temporalmente la imposición de tarifas del 15% durante un máximo de 150 días a aquellos países con los que EE.UU. mantiene déficits comerciales significativos, amparándose en una legislación alternativa: la Ley de Comercio de 1974.

En respuesta, la Casa Blanca ha anunciado su intención de apelar la decisión, lo que activaría un complejo proceso judicial que podría llegar hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, actualmente con mayoría conservadora. De prosperar el recurso, el Ejecutivo buscaría reafirmar su autoridad para utilizar medidas unilaterales en materia comercial. De no lograrlo, esta resolución podría sentar un precedente clave que limite la capacidad del presidente para intervenir sin autorización legislativa en asuntos de comercio internacional.

"El fallo representa una herida mortal a uno de los pilares de la política económica de Trump", señalan expertos en derecho constitucional, refiriéndose al uso agresivo de aranceles como herramienta geopolítica. En su mandato, Trump impuso tasas a países como China, México y Alemania, argumentando que era una forma de defender los intereses industriales estadounidenses.

Este nuevo varapalo legal se suma al reciente bloqueo judicial contra la medida del Ejecutivo que impedía a la Universidad de Harvard admitir estudiantes internacionales, evidenciando un patrón de retrocesos en decisiones tomadas de forma ejecutiva sin consenso institucional.

En este contexto, la resolución judicial refuerza la separación de poderes y pone límites concretos a las decisiones económicas del presidente, especialmente cuando se toman en nombre de la "emergencia" sin pasar por el Congreso.

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