La provincia de Guantánamo atraviesa un intenso operativo de fiscalización sobre los cuentapropistas, con multas, decomisos y cierres de establecimientos que afectan directamente a los pequeños negocios locales. Durante la jornada del 23 de noviembre, el Consejo de Defensa Provincial informó que se realizaron 343 inspecciones, detectándose 197 violaciones, lo que representa un índice de incumplimiento del 55,68 %.

Como resultado, se impusieron 191 multas, de las cuales 30 estaban asociadas al Decreto No. 30 y al Decreto Ley No. 91 (Artículo 12-j), con un monto total recaudado que asciende a 361 485 pesos. Los municipios con mayor incidencia fueron Guantánamo, Imías, Yateras y Niceto Pérez, siendo la ciudad cabecera la que concentró la cifra más elevada en términos de infracciones y montos económicos.

Además de las sanciones monetarias, se realizaron 14 ventas forzosas, se cerraron dos establecimientos y se retiraron cuatro proyectos por incumplimientos relacionados con la no utilización de códigos QR y la violación de la frecuencia de depósitos bancarios. Entre los decomisos más destacados, en Manuel Tames se confiscaron 29 litros de leche fluida y 6 kg de queso. Asimismo, se registraron 14 quejas, 5 denuncias y se enfrentaron 46 ilegalidades durante la jornada de control.

Entre las principales violaciones se encuentran pizarras informativas desactualizadas, la manipulación de precios en productos regulados por la Resolución 225 —como pollo, aceite vegetal y picadillo de pollo— y en productos concertados por el CAM, tales como boniato, plátano vianda, malanga, plátano burro, plátano fruta madura, jabón de lavar y aguacate. En la Calle Moncada, en la ciudad de Guantánamo, se realizó una venta forzosa por irregularidades en precios y procedimientos en productos como calabaza, malanga y tomate.

El sector del transporte también está bajo vigilancia: se detectaron tarifas elevadas por encima de lo aprobado en las rutas La Máquina–Lavadero y Felicidad–Guantánamo, así como incumplimientos en depósitos bancarios, la falta de uso de pasarelas de pago y la prestación de servicios de transporte de carga y personal sin Licencia Operativa, principalmente por motoristas independientes.

La combinación de multas, decomisos y cierres de establecimientos evidencia una tensa relación entre los cuentapropistas y los organismos de control, en un contexto donde las regulaciones y los precios oficiales buscan contener la inflación y garantizar el abastecimiento de productos básicos. Sin embargo, estas acciones también generan presión sobre los pequeños negocios, quienes argumentan que los costos de operación, la escasez de suministros y la complejidad de los procedimientos administrativos dificultan cumplir con todas las normativas.

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