El reciente juicio contra Alejandro Gil Fernández, ex viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, ha reactivado inevitablemente la memoria de uno de los episodios más sensibles de la historia cubana: el proceso contra el general Arnaldo Ochoa en 1989. Aunque ambos casos se presentan como respuestas a delitos graves, las diferencias de contexto, impacto y manejo comunicacional muestran cómo el ejercicio del poder en la isla ha cambiado —y también cómo se ha reacomodado— con el tiempo.

En el caso de Ochoa, la acusación central fue narcotráfico internacional, con presuntos vínculos al Cartel de Medellín y operaciones de tráfico de drogas desde territorio cubano. A ello se sumaron cargos de corrupción y enriquecimiento ilícito, como la venta de recursos en el mercado negro durante misiones militares en África y el tráfico de diamantes y marfil. Ochoa era un militar de prestigio, con trayectoria en Angola y Etiopía, y su juicio televisado buscó tanto demostrar culpabilidad como escenificar disciplina interna en plena Guerra Fría, cuando la cohesión era vital para el régimen.

El caso de Gil, en cambio, se desarrolla en un contexto económico marcado por inflación, escasez y el fracaso de la Tarea Ordenamiento. Las imputaciones se centran en delitos económicos y administrativos: malversación, cohecho, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos y manipulación de información. A ello se añade un cargo de espionaje, revelado por su hermana, que lo vincula con la CIA.

A diferencia del juicio de Ochoa, el proceso contra Gil no fue transmitido públicamente y se dividió en dos causas: una por corrupción y otra por espionaje. Para muchos, su caída no busca reafirmar fortaleza política, sino ofrecer una explicación al deterioro económico que alimenta el descontento social. El silencio informativo funciona aquí como mecanismo de contención, evitando que la crisis se refleje en un espectáculo televisado.

También difiere la dimensión simbólica del castigo. La ejecución de Ochoa fue un cierre de filas en torno a la autoridad del Estado en plena Guerra Fría. En el caso de Gil, cuya sentencia aún no se conoce, el alcance será distinto: ocurre en un país donde la confianza institucional está debilitada y la ciudadanía percibe que los problemas son estructurales, más allá de las decisiones de un solo ministro.

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