El condado de Miami-Dade firmó un nuevo acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que podría limitar el acceso público a la información sobre los migrantes detenidos en sus cárceles.

La actualización del convenio, impulsada por la alcaldesa Daniella Levine Cava, establece que ICE manejará directamente los registros de los reclusos bajo órdenes de detención federal. Esto significa que los datos de estos migrantes no aparecerán en los portales locales de búsqueda en tiempo real, dificultando a familiares y defensores el seguimiento de su situación.

"Esta falta de transparencia preocupa a organizaciones de derechos humanos, que advierten que podría obstaculizar la localización de los detenidos y complicar su acceso a representación legal," señala el Community Justice Project.

El acuerdo, que ya ha sido firmado por Levine Cava, requiere aún la aprobación final de la Comisión del Condado, que votará en los próximos días.

Según la alcaldesa, el condado seguirá proporcionando cierta información a través de las bases de datos de ICE. Rachel Johnson, subjefa de gabinete, afirmó que los nombres de los reclusos estarán disponibles en un portal habilitado para consultas. Sin embargo, los defensores temen que este control federal "termine sumiendo en la opacidad el paradero de los migrantes en proceso de deportación."

El convenio también contempla aspectos financieros. El condado podrá solicitar un reembolso de $50 por cada detenido bajo orden de deportación, para paliar los costos adicionales de detención, estimados en unos $300 diarios por recluso. Además, establece que los detenidos podrán ser retenidos hasta un máximo de 48 horas antes de su transferencia a ICE, en cumplimiento con la legislación estatal de Florida.

"Si otros condados adoptan acuerdos similares, podría generarse un patrón que limite aún más el acceso público a información vital sobre los inmigrantes detenidos," alertó Community Justice Project. Este movimiento se enmarca en un contexto de creciente colaboración entre las autoridades locales y federales en materia migratoria.

Miami-Dade comenzó a acatar órdenes de detención de ICE en 2017, durante la administración de Donald Trump, cuando el condado eliminó su estatus de “santuario”. La decisión actual profundiza esa cooperación y plantea nuevas interrogantes sobre la protección de los derechos de los migrantes en el sur de Florida.

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