El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (GTDA) concluyó que al menos 49 manifestantes del 11 de julio de 2021 en Cuba fueron víctimas de detención arbitraria, desaparición forzada, tortura, aislamiento y procesos judiciales sin garantías. El dictamen, presentado en la 103ª sesión del organismo, fue calificado por Prisoners Defenders como una “condena histórica” contra el Estado cubano.

El informe detalla que muchos arrestos se realizaron sin órdenes judiciales, sin presencia de abogados ni comunicación con familiares. Algunos detenidos permanecieron incomunicados durante días o semanas, mientras otros desaparecieron sin explicación. Estas prácticas, según la ONU, constituyen violaciones sistemáticas de derechos fundamentales, incluyendo la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

La denuncia fue documentada por Prisoners Defenders, organización con sede en Madrid, tras un proceso de años en el que más de diez juristas revisaron miles de documentos de 520 detenidos. El GTDA solo ha podido emitir opinión sobre 66 casos entre 2024 y 2025, debido a limitaciones de recursos, pero sus conclusiones son categóricas: las detenciones son ilegales y el gobierno cubano debe liberar a los presos, indemnizarlos y garantizar reparaciones conforme al derecho internacional. Además, se exige una investigación “exhaustiva e independiente” para determinar responsabilidades dentro del aparato estatal.

Hasta ahora, La Habana no ha respondido. El 7 de marzo se solicitó información oficial, pero no se ha recibido contestación ni prórroga.

El 11-J marcó un punto de inflexión en la isla: más de 1.500 personas fueron arrestadas tras protestas espontáneas que reclamaban libertad y alimentos. La respuesta gubernamental incluyó represión, juicios sumarios y severas condenas. Cuatro años después, muchos manifestantes continúan en prisión, mientras otros arrastran secuelas físicas y psicológicas.

El informe también coloca a Cuba como el país con más condenas por detenciones arbitrarias desde 2019, reforzando las denuncias de activistas, exiliados y organizaciones internacionales sobre el deterioro sistemático de los derechos humanos en la isla.

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