Una jueza federal en Massachusetts ha bloqueado parcialmente la suspensión de varios programas de libertad condicional humanitaria, brindando un respiro temporal a miles de migrantes procedentes de países como Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, así como a ciudadanos ucranianos y afganos desplazados por conflictos.

La decisión, emitida por la jueza Indira Talwani, responde a una demanda colectiva presentada por personas que ingresaron legalmente a Estados Unidos mediante el parole humanitario o el programa de reunificación familiar. Estas personas vieron sus solicitudes paralizadas tras nuevas directrices emitidas por agencias como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Entre los programas afectados por la orden judicial se encuentran el Uniting for Ukraine, que permite el ingreso temporal de ucranianos desplazados por la guerra; el Operation Allies Welcome, que facilitó la llegada de refugiados afganos aliados de Estados Unidos; y el Parole Militar (MPIP), que acoge a familiares indocumentados de miembros activos o veteranos de las fuerzas armadas estadounidenses.

La jueza Talwani determinó que las agencias federales podrían haber violado procedimientos legales al implementar decisiones que afectaron de forma masiva los trámites migratorios, dejando a miles de personas en una situación de vulnerabilidad. En la demanda, los afectados alegan que estas medidas pusieron en riesgo su estatus legal, su acceso a servicios básicos y la estabilidad de sus familias.

Además de ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, entre los demandantes se encuentran trabajadores humanitarios ucranianos, refugiados afganos y ciudadanos estadounidenses que buscan asegurar la permanencia legal de sus familiares mediante el parole militar.

Este fallo representa una victoria parcial para quienes defienden estos programas como mecanismos esenciales para la reunificación familiar, la protección de refugiados y el cumplimiento de compromisos humanitarios asumidos por Estados Unidos. También refleja las tensiones legales existentes entre las políticas migratorias del poder ejecutivo y los derechos adquiridos por quienes ya se encontraban legalmente en el país bajo estos esquemas.

La decisión judicial permite que los trámites paralizados puedan continuar su curso mientras se dirime el fondo del caso. Miles de personas, muchas de ellas con vidas en pausa y situaciones delicadas, obtienen así una nueva oportunidad para regularizar su situación migratoria.

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