La indignación en Holguín ha crecido tras la publicación de un comunicado de la Dirección Provincial de Servicios Necrológicos, en el que la institución intenta justificar una grave negligencia ocurrida con el cadáver de Georgina Coello Pérez, de 66 años, cuyo cuerpo permaneció alrededor de 15 horas sin ser trasladado, en lo que debió ser un procedimiento básico y urgente.

Lejos de asumir responsabilidades, el texto oficial se concentra en culpar a los familiares de la fallecida, alegando que estaban “ingiriendo bebidas alcohólicas” y que se negaron a colaborar con el chófer de la carroza fúnebre para manipular el cadáver.

Según el comunicado, la primera carroza fúnebre llegó apenas 30 minutos después del fallecimiento, pero no realizó el traslado porque el chófer, identificado como Víctor Hidalgo Blanco, solicitó ayuda a los dolientes para bajar el ataúd y manipular el cuerpo. Ante la negativa de la familia, el trabajador se retiró del lugar tras “más de una hora” de espera.

El resultado fue que la difunta permaneció en su casa hasta las 4 de la tarde, cuando otra carroza fúnebre finalmente acudió a trasladar el cuerpo al cementerio de Mayabe, sin la presencia de familiares, amigos o vecinos.

El comunicado insiste en responsabilizar a los parientes, como si la obligación de manipular un cadáver recayera sobre ellos y no sobre los servicios necrológicos que, en teoría, son contratados y pagados para garantizar ese proceso. En lugar de reconocer fallos en la organización, en la disponibilidad de personal o en el cumplimiento del deber, el texto se centra en resaltar la supuesta conducta inadecuada de la familia.

La pregunta es obvia: ¿acaso no es función del servicio funerario trasladar y preparar el cuerpo, independientemente de las circunstancias de los familiares? Señalar a los dolientes solo parece una estrategia para encubrir la ineficiencia institucional.

La nota oficial asegura que se “depurarán responsabilidades” y reitera condolencias, pero no menciona sanciones concretas, medidas adoptadas ni reconoce de manera clara la magnitud del error. Se limita a frases genéricas como “reconocemos incidencias” o “no habrá impunidad”, sin mostrar hechos que respalden esa supuesta firmeza.

Más grave aún, el comunicado reconoce que el cuerpo de Georgina permaneció en su hogar más de medio día, expuesto a la espera de un servicio que nunca llegó en el tiempo adecuado. En cualquier sociedad mínimamente organizada, este tipo de hechos sería considerado un escándalo y daría lugar a destituciones inmediatas.

El caso de Georgina no es un hecho aislado, sino un reflejo de la desidia que afecta a múltiples servicios públicos en Cuba. La crisis económica, la escasez de recursos y la burocracia han deteriorado la atención en sectores esenciales como la salud, el transporte y, como queda en evidencia, los servicios funerarios.

Que ni los vivos ni los muertos encuentren respeto en el sistema revela una realidad más profunda: el Estado cubano no asume responsabilidades, sino que traslada la culpa a los ciudadanos, incluso en situaciones tan delicadas como la pérdida de un ser querido.

La muerte debería ser un momento de recogimiento y respeto. Sin embargo, el último adiós de Georgina Coello Pérez estuvo marcado por el abandono, la improvisación y la falta de humanidad.

En vez de ofrecer soluciones o disculpas claras, la Dirección Provincial de Servicios Necrológicos prefirió redactar un texto para salvar su imagen institucional, cargando contra los mismos familiares que sufrieron la negligencia.

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