El Gobierno de Granada anunció cambios en la forma en que contrata a los médicos cubanos que trabajan en su sistema de salud, después de recibir solicitudes directas de Estados Unidos. Según un comunicado oficial, a partir de ahora los profesionales de la Isla prestarán servicios “en condiciones iguales a sus homólogos granadinos”, lo que apunta a que, hasta el momento, existían diferencias que podrían ser vistas como prácticas de explotación laboral.

La decisión fue adoptada tras un viaje a La Habana de los ministros de Relaciones Exteriores, Joseph Andall, y de Salud, Phillip Telesford, quienes sostuvieron reuniones con funcionarios cubanos. De acuerdo con el Gobierno granadino, las autoridades de la Isla aceptaron las modificaciones sin objeciones.

El anuncio llega en un contexto complejo. Washington ha colocado nuevamente a Cuba en la categoría más severa de su Informe sobre la Trata de Personas 2025, acusando al régimen de mantener un patrón de trabajo forzoso a través de sus misiones médicas en el extranjero. El Departamento de Estado ha señalado que el modelo consiste en “alquilar” profesionales sanitarios a otros países, retener la mayor parte de sus salarios y restringir sus libertades individuales.

Actualmente, más de un centenar de médicos cubanos ejercen en Granada. Hasta ahora, gran parte de sus salarios se canalizaba a través de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A., empresa vinculada al conglomerado militar GAESA. Diversas organizaciones de derechos humanos, como Archivo Cuba, han denunciado que los trabajadores solo reciben una fracción de lo que pagan los países de destino.

En agosto pasado, Estados Unidos sancionó a funcionarios de varios países —incluidos granadinos— por su participación en este esquema, imponiéndoles restricciones de visado. En ese momento, el Departamento de Estado instó a los gobiernos a pagar directamente a los profesionales cubanos, en lugar de transferir fondos al régimen de La Habana.

El caso de Granada sigue la línea de otros países caribeños que han cedido a la presión estadounidense. Bahamas, por ejemplo, canceló en junio los contratos estatales con Cuba para negociar de manera directa con los médicos, mientras Guyana también ajustó su política para garantizar que los salarios lleguen sin intermediarios a los trabajadores.

La exportación de servicios médicos es una de las principales fuentes de ingresos para el Gobierno cubano, que la presenta como un gesto de “solidaridad internacional”. Sin embargo, organismos internacionales y relatores de la ONU han advertido que las condiciones impuestas a los galenos en estas misiones podrían constituir formas de esclavitud moderna. Entre las denuncias más frecuentes se encuentran la retención de pasaportes, la prohibición de viajar con familiares y la vigilancia constante.

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