El Gobierno cubano, a través del periódico oficialista Granma, reconoció las protestas recientes en Gibara, Holguín, pero aseguró que todo fue resuelto mediante un “diálogo franco y duro” sin actos de violencia.

Según esta versión oficial, los manifestantes regresaron pacíficamente a sus casas luego de escuchar a la primera secretaria del Partido Comunista en el municipio Nayla Marieta Leyva Rodríguez.

Sin embargo, videos difundidos en redes sociales y denuncias de familiares contradicen ese relato y muestran detenciones ocurridas en la madrugada, con la participación de patrullas de la policía. Al menos siete ciudadanos fueron arrestados, incluyendo a Pedro José (“Porrón”), Raymundo Galbán (“El Chino”), Dairán Bermúdez (“Chelli”) y Suleidi Aballe.

Además de Granma, el programa televisivo Con Filo reforzó la narrativa oficial negando cualquier tipo de represión, mientras exaltaba la “moral de los dirigentes” como factor clave para contener la manifestación.

Voceros del régimen como Michel Torres Corona, incluso se cuestionaron cómo fue posible controlar una protesta solo con diálogo, obviando los arrestos y la presión policial. El periodista independiente José Raúl Gallego denunció estas manipulaciones en redes sociales, señalando que lo publicado por Granma y su reportero Germán Veloz Placencia “no es periodismo, es propaganda”, y advirtió que los medios estatales están siendo utilizados como herramientas represivas.

Las protestas surgieron tras más de 24 horas sin electricidad, lo que también afectó el suministro de agua. Los vecinos salieron con cazuelas a exigir lo básico: luz, agua y comida. El proyecto Represores Cubanos identificó a dos supuestos informantes del Departamento de la Seguridad del Estado, Wilder César Tejeda Ruiz y Adrián Pupo Cuesta (“El Mocho”), acusados de grabar a los manifestantes y entregar los videos a las autoridades, facilitando su captura.

Mientras se negaba la represión en Gibara, el régimen inició un juicio contra 16 manifestantes de Bayamo por protestas ocurridas en 2024. Están acusados de “desórdenes públicos, resistencia y desacato”, en un proceso calificado de político.

Esta estrategia —ocultar la represión mientras se procesa a quienes exigen derechos— solo genera indignación en redes sociales.

“En el único país que detienen a alguien por manifestar que tiene hambre es en Cuba”, escribió un usuario. Otro lo resumió así: “No son delincuentes, solo piden lo que necesitamos todos: luz, agua y comida”. Gibara se convierte así en símbolo del hartazgo social que crece en la Isla.

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