En medio de una crisis energética cada vez más aguda, el régimen cubano ha dado un nuevo paso que confirma su modelo de exclusión: cobrar en dólares por el acceso a un servicio de energía solar controlado por el Estado.

La medida, oficializada a través de una resolución del Ministerio de Energía y Minas publicada en la Gaceta Oficial, permite a ciudadanos y empresas “contratar” potencia fotovoltaica mediante la Unión Eléctrica. Sin embargo, lejos de representar una solución real para la población, el esquema establece un sistema en el que solo quienes tienen acceso a divisas podrán beneficiarse.

El programa no contempla la instalación de paneles solares en viviendas o negocios. En su lugar, los usuarios pagan por una capacidad de generación dentro de un sistema completamente controlado por el Estado. Es decir, el ciudadano no produce ni gestiona su propia electricidad, sino que compra un “derecho” dentro de la red estatal.

Los contratos pueden ser de 2, 5, 10 o hasta 20 años, y los precios varían según el tiempo y la potencia contratada. Por ejemplo, un kilowatt (kW) puede costar desde 90 dólares a dos años hasta 600 dólares a veinte años. En el caso de 5 kW, la cifra asciende a 3.000 dólares en el plan más extenso. Todo el pago debe realizarse por adelantado y en moneda extranjera.

A cambio, el cliente recibe un descuento mensual de 125 kilowatts-hora por cada kW contratado, aplicado a su factura eléctrica. No obstante, este beneficio no garantiza estabilidad ni independencia energética, en un país donde los apagones son cada vez más frecuentes.

El esquema también contempla la posibilidad de vender excedentes de energía al sistema nacional, aunque bajo tarifas fijadas por el propio Estado, que mantiene el control absoluto del proceso.

En la práctica, esta medida profundiza las desigualdades. En un país donde la mayoría de los salarios se pagan en pesos cubanos, exigir pagos en dólares convierte el acceso a la energía en un privilegio para una minoría.

Lejos de liberalizar el sector, el régimen traslada al ciudadano parte del costo de la generación eléctrica sin ceder control. Se trata de un modelo en el que el Estado continúa monopolizando la infraestructura mientras obliga a la población a financiarla.

La decisión llega en un contexto crítico: termoeléctricas en mal estado, déficit de combustible y apagones prolongados que afectan la vida diaria y la economía. En lugar de abordar las causas estructurales del colapso energético, el gobierno apuesta por soluciones que descargan la responsabilidad sobre los ciudadanos.

Este nuevo esquema sustituye la normativa vigente desde 2021, lo que evidencia un cambio más profundo en la estrategia oficial. Ya no se trata solo de administrar la escasez, sino de convertirla en una fuente de ingresos en divisas.

Mientras tanto, alternativas como la venta de paneles solares a través de entidades estatales siguen estando fuera del alcance de la mayoría. La llamada transición hacia energías renovables en Cuba, bajo estas condiciones, no es una solución inclusiva, sino otro reflejo de un sistema que prioriza el control y la recaudación por encima del bienestar ciudadano.

Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba

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