Walmart Inc., la cadena minorista más grande de Estados Unidos, comenzó a despedir a empleados migrantes cuyo estatus migratorio temporal ha sido afectado por un reciente fallo de la Corte Suprema.

Esta decisión judicial permitió a la administración de Donald Trump revocar las protecciones legales otorgadas bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el parole humanitario, que beneficiaban a ciudadanos de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

La medida implementada por Walmart se basa en el requisito legal del formulario I-9, que obliga a las empresas a verificar la identidad y la autorización de trabajo de todos sus empleados. Según informes, trabajadores en estados como Florida y Texas han recibido notificaciones indicando que deben presentar documentos laborales válidos para continuar en sus puestos. Quienes no logren actualizar sus permisos serán despedidos. "Algunos ya han sido desvinculados", según fuentes que prefirieron mantener su anonimato.

Esta situación afecta directamente a cientos de miles de migrantes que contaban con el TPS o el parole humanitario, programas que permitían residir y trabajar legalmente en Estados Unidos bajo circunstancias excepcionales.

El fallo de la Corte Suprema anula estas protecciones, generando un clima de incertidumbre y temor ante posibles deportaciones. Walmart, con más de 1.6 millones de empleados y 4600 tiendas en todo el país, se suma a otras grandes empresas que han iniciado procesos similares para cumplir con las nuevas normativas migratorias.

Además de los despidos, la empresa exige a los empleados afectados que actualicen sus documentos este mismo mes para evitar la pérdida de empleo. Este cambio provoca preocupaciones en las comunidades migrantes, en especial en Florida, donde el impacto es significativo y visible. Allí, muchas familias que apoyaron al presidente Trump ahora enfrentan consecuencias derivadas de su política migratoria.

Otras compañías como Disney también han comenzado a rescindir contratos de empleados con estatus migratorio revocado. El gobierno estadounidense ha lanzado campañas para incentivar la salida voluntaria de migrantes afectados, ofreciendo asistencia financiera y logística. No obstante, muchos migrantes permanecen en la incertidumbre y buscan asesoría legal para explorar alternativas, como solicitar asilo o la residencia permanente.

"Estamos en espera, pero no sabemos qué hacer", expresó una migrante cubana cuya hija fue despedida de Walmart debido a su estatus de parole humanitario. Esta situación refleja la angustia y el temor que enfrentan miles de personas cuyo futuro en Estados Unidos pende de decisiones legales y administrativas que modifican radicalmente sus derechos laborales y migratorios.

El fallo de la Corte Suprema ha provocado un cambio inmediato en la política de empleo de Walmart y otras empresas, que ahora deben cumplir estrictamente con la verificación de permisos laborales, afectando a una gran población migrante y generando un clima de inseguridad en sus comunidades.

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