La visita a Cuba de Alena Douhan, relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre las repercusiones de las medidas coercitivas unilaterales, ha despertado una profunda indignación entre activistas y defensores de derechos humanos. Según el comunicado oficial, su objetivo es “evaluar de primera mano cómo el bloqueo impuesto por Estados Unidos vulnera los derechos humanos del pueblo cubano”. Sin embargo, su presencia en la isla parece ignorar deliberadamente las violaciones sistemáticas cometidas por el propio régimen cubano.

Mientras Douhan recorre instituciones seleccionadas por el Gobierno y dialoga con funcionarios, miles de cubanos continúan tras las rejas por ejercer sus derechos fundamentales. Jóvenes que participaron en las protestas del 11 de julio de 2021 fueron condenados a décadas de prisión por manifestarse pacíficamente, y muchos permanecen en condiciones infrahumanas. Sin embargo, la relatora no ha mostrado intención de reunirse con familiares de estos presos ni con organizaciones independientes que documentan los abusos.

Resulta llamativo que Naciones Unidas envíe una representante para investigar los efectos del embargo, pero no haya tenido la misma urgencia para examinar la represión política, las torturas o las muertes en las cárceles cubanas. Durante años, múltiples mecanismos del propio sistema de la ONU —incluidos los relatores sobre tortura, libertad de expresión y detenciones arbitrarias— han solicitado visitar el país. El Gobierno cubano ha rechazado sistemáticamente todas esas peticiones, negando cualquier acceso a los centros penitenciarios donde se denuncian golpizas, falta de atención médica y tratos crueles.

La narrativa que promueve el régimen ante la visita de Douhan busca, una vez más, desplazar la responsabilidad de la crisis interna hacia factores externos. Si bien el embargo estadounidense tiene impacto económico, los principales responsables de la precariedad, la censura y la represión son las políticas internas del propio Estado cubano. No hay “bloqueo” que justifique la existencia de presos políticos, la vigilancia constante a periodistas independientes o la criminalización de la disidencia.

El silencio de la relatora sobre estos temas resulta especialmente preocupante. En su visita anterior, en 2023, Douhan participó en eventos académicos organizados por la Universidad de La Habana, institución controlada por el Estado. Nunca se pronunció sobre los estudiantes expulsados por motivos políticos ni sobre los profesores sancionados por expresar opiniones críticas.

El informe final de su visita será presentado en septiembre de 2026 ante el Consejo de Derechos Humanos. Pero difícilmente reflejará la realidad de los cubanos comunes si se basa únicamente en fuentes oficiales. Mientras la ONU escucha al Gobierno cubano, decenas de madres siguen exigiendo justicia por sus hijos encarcelados o muertos en prisión.

Una evaluación seria sobre derechos humanos en Cuba debería comenzar por donde el régimen nunca permite que se mire: los calabozos, los tribunales amañados, las celdas de castigo y las historias silenciadas de quienes se atrevieron a disentir. Todo lo demás —incluso las sanciones— es solo una parte del cuadro. El drama real está en la falta de libertad, y ese sigue sin ser tema de agenda para Naciones Unidas.

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