La más reciente “campaña de limpieza” impulsada por Miguel Díaz-Canel en La Habana no fue más que otro ejercicio de cinismo político. Mientras el mandatario aparecía el fin de semana entre los bosques del Comité Central —a la sombra, bien vestido, y rodeado de decenas de funcionarios recogiendo hojas secas y ramas—, la capital seguía sepultada bajo montañas de basura real. En las calles, el hedor, la contaminación, los gases tóxicos y los roedores conviven con los habaneros, quienes soportan el calor insoportable y la indiferencia gubernamental.

Lejos de reconocer la responsabilidad de su gobierno en la crisis sanitaria y ambiental que asfixia a la ciudad, Díaz-Canel optó por culpar al pueblo. Señaló a los trabajadores y vecinos de municipios como Diez de Octubre, La Lisa y Playa, acusándolos de no haber hecho “su parte” en la limpieza. Es una vieja estrategia del poder cubano: convertir a las víctimas en culpables, desplazar la responsabilidad institucional hacia los ciudadanos, y así mantener intacta la narrativa de un Estado eficiente que “orienta” y un pueblo perezoso que “no responde”.

El problema no es nuevo ni se resuelve con una jornada simbólica de recolección de ramas. La basura que inunda La Habana es el reflejo visible del colapso estructural de los servicios comunales, la falta de combustible, la escasez de equipos y la corrupción administrativa. Sin embargo, en lugar de admitir que el Estado ha sido incapaz de garantizar un mínimo de higiene pública, el discurso oficial busca dividir: poner al ciudadano contra su vecino, al trabajador contra su comunidad, y distraer la atención del verdadero origen del desastre.

Culpar al pueblo es el recurso de un gobierno sin soluciones. Y mientras Díaz-Canel posa para las cámaras con una escoba entre los pinos del Comité Central, las calles habaneras —esas donde la vida cotidiana transcurre entre la basura y la desesperanza— continúan siendo el espejo más fiel del fracaso de su gestión.

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