Yanet Martínez Latamblet, empleada de la granja avícola Lajita 1 en Guantánamo, fue condenada el 25 de septiembre a un año de prisión domiciliaria bajo el cargo de “no preservación de los bienes del Estado”, tras una auditoría que detectó la desaparición de 7.000 aves. La trabajadora, que niega cualquier implicación, sostiene que la verdadera responsabilidad recae en los directivos de la empresa estatal, a quienes acusa de corrupción y desfalco.

En declaraciones al portal independiente 14ymedio, Martínez aseguró que tanto ella como otros cuatro empleados fueron sorprendidos sin defensa ni preparación para el juicio. “Nos citaron por incumplimiento del deber y en la vista nos enteramos de que el proceso era por el faltante de un año atrás”, explicó. La audiencia fue suspendida inicialmente y retomada semanas después.

Según su testimonio, tras conocerse el faltante, los trabajadores fueron presionados para pagar colectivamente el valor de las aves —una suma que superaba los 100.000 pesos—, algo que calificó de “impagable”. Ante la negativa, asegura, comenzaron las amenazas y la búsqueda de “culpables convenientes”.

La granja Lajita 1, que reanudó operaciones en 2016 tras más de 15 años paralizada, enfrenta desde entonces una situación crítica por la falta de pienso, combustible y materiales. Martínez no era ajena a la administración: en 2019 denunció ante la policía económica a funcionarios de la Empresa Avícola de Guantánamo por desvío de recursos y falsificación de documentos.

La llegada de una nueva directora tras un escándalo por contrabando de pienso destapó otro faltante de 5.000 aves, episodio que, según Martínez, se resolvió del mismo modo: intentando culpar a los empleados. “Nos negamos a pagar por lo que no hicimos, y ahí comenzaron las represalias”, afirmó.

El caso fue transferido al Departamento de Investigaciones Técnicas (DTI) en mayo de 2024. Los acusados entregaron pruebas y quedaron bajo “interrupción laboral” sin salario, una medida que la mujer considera punitiva. En marzo de este año, todos los trabajadores de la granja fueron oficialmente despedidos, bajo el argumento de que “no aportaban nada productivamente al sistema”.

Hoy, el 95% del colectivo ha presentado quejas ante el Comité Central del Partido Comunista en La Habana sin obtener respuesta. Desde su casa y sin empleo, Martínez espera la apelación de su caso. “Estamos pagando los inocentes”, denuncia, mientras insiste en que los verdaderos responsables siguen ocupando cargos en la Empresa Avícola de Guantánamo.

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