El caso de Martiño Ramos Soto, profesor de Ourense condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales a una alumna menor, ha puesto en evidencia cómo un depredador sexual puede burlar la justicia y refugiarse en un país sin acuerdo de extradición. Ramos Soto huyó de España en julio, justo antes de que el Tribunal Supremo confirmara su condena, utilizando su pasaporte en vigor para escapar con facilidad, aprovechando los resquicios administrativos y la falta de coordinación internacional.

La ruta de fuga de Ramos Soto revela un plan meticulosamente diseñado para despistar a las autoridades. Primero cruzó a Portugal, desde donde voló a Brasil, posteriormente viajó a Perú y finalmente llegó a La Habana, Cuba, destino estratégico: la isla no mantiene un tratado de extradición con España, lo que le ofrece un blindaje jurídico que le permite moverse con libertad pese a la gravedad de sus delitos.

Las autoridades españolas emitieron una orden internacional de detención el 31 de octubre, cuando el fugitivo ya estaba en la isla. Desde entonces, España ha mantenido contactos con La Habana para lograr su captura y entrega, aunque los avances dependen de la voluntad política cubana. Por el momento, la petición española busca reforzar la vigilancia sobre Ramos para evitar que abandone el país.

Lejos de mantenerse escondido, Ramos Soto ha mostrado públicamente su vida en Cuba. Bajo el nombre de “Martín Soto” en redes sociales, comparte imágenes trabajando como fotógrafo, asistiendo a galerías de arte y participando en eventos vinculados al mundo de la moda. Su visibilidad ha alimentado la indignación de la sociedad española y de víctimas de violencia sexual, que exigen su extradición inmediata.

El caso no solo expone la facilidad con la que un condenado puede eludir la justicia, sino también cómo la falta de acuerdos internacionales de cooperación puede convertir a un país en refugio seguro para criminales. La Policía Nacional incluyó a Ramos en la lista de los diez delincuentes más buscados del país, un gesto simbólico que refleja la gravedad de la situación, pero que no garantiza su detención en un territorio fuera del alcance de la justicia española.

La historia de Ramos Soto plantea preguntas críticas sobre la efectividad del sistema judicial español: ¿cómo pudo un condenado por delitos tan graves salir del país sin restricciones? ¿Por qué no se activaron mecanismos de control más estrictos mientras el Supremo ultimaba su fallo? La huida y la impunidad temporal del profesor reflejan la fragilidad de un sistema judicial frente a las limitaciones de la cooperación internacional, especialmente cuando un país decide brindar protección de facto a un delincuente sexual.

Además, el caso evidencia cómo la crisis de acuerdos internacionales puede afectar la persecución del delito en un mundo globalizado. Mientras la sociedad española exige justicia, Ramos Soto disfruta de una vida relativamente normal en Cuba, un refugio que legalmente lo mantiene fuera del alcance de la represión judicial. La situación refleja también un dilema ético: un país que permite la permanencia de un depredador sexual, consciente de su historial, genera indignación y pone en riesgo la credibilidad de los mecanismos de justicia internacional.

Fuente: Mundiario

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