En el municipio de Contramaestre, Santiago de Cuba, las autoridades realizaron operativos en dos localidades, Maffo y Baire, que resultaron en la detención de varias personas involucradas en la venta ilícita de carne de res. Según el reporte de la página oficialista de Facebook "Héroes del Moncada," durante los registros policiales se incautaron más de 400 libras de carne, presuntamente destinadas al comercio clandestino.

Vecinos de Maffo comentaron que las acciones policiales iniciaron con un registro en una vivienda cercana al parque local. Poco después, se conoció de otro operativo en Baire, lo que llevó a la conclusión de que ambas intervenciones estaban relacionadas. Los detenidos, según los informes, han estado colaborando con las autoridades al mencionar otros nombres vinculados a la red delictiva, lo que sugiere una operación más amplia de tráfico ilegal.

En Cuba, la comercialización de carne de res fuera de los canales estatales está estrictamente penalizada, con castigos que incluyen severas multas y penas de cárcel. Estas medidas forman parte del control estatal sobre la producción y distribución de alimentos, un sistema que ha sido criticado por generar escasez y fomentar el mercado negro.

El informe señala que estas actividades ilícitas no solo afectan al sector estatal, sino también al privado, causando perjuicio económico a los campesinos que trabajan dentro de los marcos legales. Sin embargo, estas acciones también reflejan el creciente nivel de desesperación económica en el país, donde la crisis alimentaria y las restricciones han llevado a muchas personas a recurrir al mercado informal para sobrevivir.

La confiscación de carne de res y la persecución de quienes participan en su comercialización destacan una contradicción en la economía cubana. Mientras el gobierno busca preservar su control sobre los recursos alimentarios, las limitaciones impuestas fomentan el auge del comercio clandestino, creando un ciclo de represión y necesidad que agrava la situación económica de los ciudadanos.

Este tipo de operativos, que se han hecho más frecuentes en los últimos años, subraya la tensa relación entre las autoridades y la población en un contexto de creciente descontento social. Aunque las autoridades justifican estas medidas como una forma de proteger la economía nacional, muchos consideran que son una respuesta desproporcionada a una crisis que es resultado directo de las políticas estatales.

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