La reciente propuesta para modificar el Código de Trabajo en Cuba promete ofrecer un marco “más inclusivo” y “protector” para todos los trabajadores, incluyendo el sector no estatal. Sin embargo, detrás de este discurso oficialista se esconden las profundas carencias de garantías reales para el trabajador cubano, atrapado en un sistema en el que los sindicatos y órganos de justicia responden fielmente a los intereses del Partido Comunista y del Gobierno.

En Cuba, los sindicatos no son independientes ni defienden genuinamente los derechos laborales. Por el contrario, funcionan como engranajes del aparato estatal, encargados de vigilar que los trabajadores cumplan con las expectativas políticas del régimen. La participación en marchas y actos en defensa del gobierno no es opcional: aquellos que se niegan a participar enfrentan represalias que pueden ir desde sanciones laborales hasta despidos arbitrarios. Estas prácticas evidencian que las leyes laborales, lejos de proteger al trabajador, se convierten en herramientas de control político.

Un ejemplo claro de esta falta de garantías es que las reclamaciones por medidas disciplinarias o despidos suelen ser desestimadas en los tribunales. Los jueces, al igual que los sindicatos, actúan alineados con los intereses del gobierno, dejando al trabajador desamparado ante abusos laborales. Las leyes laborales en Cuba no contemplan la protección de los empleados frente a sanciones derivadas de diferencias ideológicas o políticas, lo que refuerza un ambiente laboral represivo.

El nuevo Código del Trabajo promete incorporar conceptos como el teletrabajo, el trabajo a distancia y la igualdad de género, pero estas medidas cosméticas no resuelven el problema estructural: la ausencia de un verdadero estado de derecho que defienda a los trabajadores. Incluso las nuevas disposiciones, como otorgar mayor poder a los empleadores para evaluar “valores y principios”, podrían utilizarse como un mecanismo para discriminar a quienes no compartan los ideales del régimen.

En este contexto, cualquier mención de "garantías laborales" suena hueca. Para el trabajador cubano, la realidad es que las instituciones que deberían defenderlo—sindicatos, tribunales y el propio Código de Trabajo—actúan como instrumentos del Partido Comunista para perpetuar el control político en el ámbito laboral.

Cuba necesita un cambio profundo que permita la creación de sindicatos independientes y un sistema judicial que realmente garantice los derechos de los trabajadores, sin injerencias del Estado. Mientras esto no ocurra, cualquier reforma al Código de Trabajo será solo un maquillaje que mantendrá la desigualdad y la falta de garantías para quienes sostienen la economía del país con su esfuerzo.

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