Aunque la Constitución cubana y la propaganda estatal insisten en que la salud en la Isla es gratuita, pública y universal, cada vez son más las evidencias que apuntan a un proceso de privatización de facto del Sistema Nacional de Salud (SNS). En medio de una profunda crisis económica, la salud ha dejado de ser un derecho garantizado para convertirse, en muchos casos, en un bien al que solo se accede mediante pagos informales, contactos personales o sobornos encubiertos.

Desde simples consultas médicas hasta cirugías urgentes, los cubanos enfrentan hoy una cadena de obstáculos marcada por la escasez, el tráfico de influencias y la corrupción sistemática. En hospitales de referencia como el «Hermanos Ameijeiras», los turnos quirúrgicos se venden por cifras que oscilan entre los 150 y 200 dólares, según testimonios recogidos en esta investigación. Lo que antes se conseguía por la vía institucional ahora depende del bolsillo o las conexiones.

A esto se suma la crítica situación de los servicios de urgencia, como ilustra el caso del tío abuelo de Wilfredo Castellanos, quien murió de un infarto en su casa mientras la familia buscaba los 5.000 pesos cubanos que, denuncian, un ambulancista les pidió para brindarle asistencia. La tragedia, más allá de lo individual, revela un patrón: el deterioro estructural de los servicios esenciales y la aparición de prácticas que contradicen abiertamente el ideal de equidad promovido por el Estado.

Las declaraciones oficiales contrastan drásticamente con esta realidad. El artículo 72 de la Constitución cubana garantiza el derecho a la salud y asigna al Estado la responsabilidad de asegurar el acceso gratuito a servicios médicos de calidad. Sin embargo, en la práctica, el sistema opera según lógicas de mercado: quien paga, accede; quien no, espera o sufre las consecuencias.

Uno de los factores clave en esta situación es la escasez crónica de insumos médicos, que obliga a los pacientes a comprarlos en el mercado informal: guantes, jeringas, sueros, vendas e incluso medicamentos básicos. El desabastecimiento supera el 50% del cuadro básico de farmacias estatales, lo que empuja a médicos y pacientes a recurrir a canales no oficiales para poder completar tratamientos u operaciones.

El éxodo de profesionales de la salud, sumado a los bajos salarios y las condiciones laborales precarias, ha dejado al SNS con una capacidad reducida para atender a la población. Ante esta fragilidad institucional, muchos trabajadores del sector ven en los pagos informales una forma de subsistencia, lo que refuerza una cultura de corrupción normalizada que condiciona la eficacia del sistema.

Aunque el Gobierno ha reconocido la existencia de «tendencias negativas» y delitos asociados en el sector sanitario —como hizo en julio de 2024 el ministro de Salud durante un encuentro parlamentario—, las respuestas siguen siendo insuficientes y más reactivas que estructurales. La narrativa oficial minimiza el problema, atribuyéndolo a negligencias aisladas o falta de sensibilidad de algunos cuadros, en lugar de admitir su carácter sistémico.

En marzo de 2025, el propio presidente Miguel Díaz-Canel admitió que la «venta de servicios» era una expresión de corrupción dentro del sistema de salud, y llamó a combatirla con energía. Pero más allá de los discursos, no se conocen estrategias integrales ni políticas públicas eficaces para enfrentar este fenómeno en su raíz. Las medidas se limitan a sanciones puntuales, sin abordar las causas de fondo: pobreza, escasez, falta de control y una institucionalidad debilitada.

Lo cierto es que, hoy por hoy, muchos cubanos y cubanas viven una experiencia sanitaria marcada por el miedo, la frustración y la desigualdad. La salud, lejos de ser el orgullo nacional que fue durante décadas, se ha convertido para muchos en una carrera de obstáculos en la que el acceso depende cada vez menos de derechos ciudadanos y cada vez más de la capacidad de pagar o de recurrir a redes informales. La pregunta que subyace a todo este entramado es cada vez más urgente: ¿Sigue siendo la salud un derecho en Cuba, o ha pasado a ser un lujo que pocos pueden permitirse?

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