La reciente deportación de Heydi Sánchez Tejeda, madre cubana residente en EE.UU. y casada con un ciudadano estadounidense, ha generado una fuerte ola de indignación y reactivado el debate sobre la necesidad de una reforma migratoria integral.

El caso, denunciado públicamente por el esposo de Sánchez y abordado por la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, ha puesto en evidencia lo que muchos consideran una falla humanitaria grave dentro del actual sistema migratorio estadounidense.

Sánchez fue deportada a Cuba en abril tras una repentina reprogramación de su cita con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Pese a no tener antecedentes penales y estar en proceso de apelar su orden de deportación, vigente desde 2019, fue enviada de vuelta a la Isla.

El aspecto más dramático del caso es que fue separada de su hija de un año, quien sufre convulsiones frecuentes y aún estaba siendo amamantada al momento de la separación.

María Elvira Salazar, representante republicana por el distrito de Miami, reaccionó de inmediato. Aunque su oficina indicó que el caso está fuera de su jurisdicción, Salazar aprovechó la situación para destacar la urgencia de su propuesta legislativa: la Ley de Dignidad. Esta ley busca ofrecer un camino a la legalización para inmigrantes sin historial criminal, que hayan vivido y trabajado por al menos cinco años en el país, a cambio de pagar impuestos y cumplir ciertos requisitos.

“La Ley de Dignidad aportaría compasión, orden y una reforma largamente esperada a nuestro sistema migratorio roto”, declaró Salazar en un comunicado. Casos como el de Sánchez demuestran cuán imperativo es actuar para evitar injusticias similares en el futuro.

El esposo de Heydi, Carlos Yuniel Valle, ha iniciado una campaña en la plataforma MoveOn solicitando un permiso humanitario para que su esposa regrese a Estados Unidos. La abogada Claudia Cañizares, que representa a Sánchez, continúa trabajando para reabrir el caso legalmente, aunque reconoce que el proceso podría ser largo y complejo.

Mientras tanto, la comunidad cubana en el exilio ha manifestado su repudio ante esta deportación, calificándola de inhumana y simbólica de un sistema que necesita urgentemente ser reformado para integrar criterios más sensibles y humanitarios.

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