Dos inmigrantes cubanos se encuentran entre los ocho migrantes deportados por el gobierno de Donald Trump a África, actualmente atrapados dentro de un contenedor metálico en una base naval de Estados Unidos en Yibuti, bajo condiciones extremas y con peligro inminente de ataques.

La información fue revelada por medios estadounidenses y confirmada por el periodista Carlos Loret de Mola, quien denunció que el grupo —integrado por ciudadanos de Cuba, México, Myanmar, Laos, Vietnam y Sudán— fue trasladado el pasado 20 de mayo a Sudán del Sur. Sin embargo, tras una orden judicial, fueron retenidos en Yibuti, a unos 1.600 kilómetros del destino inicial, en espera de que se resuelva su situación legal.

Los migrantes se encuentran recluidos en un contenedor modificado bajo temperaturas que superan los 40 grados centígrados, con escasa ventilación, sin acceso adecuado a servicios médicos, y expuestos al humo de fosas de incineración cercanas. Además, según documentos judiciales, enfrentan la amenaza de ataques con cohetes por parte de grupos armados como los hutíes de Yemen, que han expresado intenciones de atacar la base militar estadounidense.

Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), todos los expulsados tienen antecedentes penales graves. No obstante, el juez federal Brian E. Murphy cuestionó la legalidad del procedimiento de deportación, ya que no se les dio oportunidad de expresar sus temores sobre los riesgos en Sudán del Sur, un país asolado por conflictos internos.

El juez ordenó que se mantuviera al grupo en la base de Yibuti mientras se revisa su caso. Sin embargo, lejos de mejorar, su situación ha empeorado. Algunos de los migrantes y agentes estadounidenses encargados de su custodia ya presentan síntomas compatibles con enfermedades tropicales como la malaria.

Todd Lyons, director interino del ICE en Boston, defendió las acciones del gobierno de Trump señalando que estos países, incluyendo Cuba, se han negado reiteradamente a recibir a sus ciudadanos deportados. “He lidiado con estos países recalcitrantes durante años, viendo cómo criminales violentos eran liberados en Estados Unidos porque sus países se negaban a aceptarlos”, declaró Lyons.

Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos han exigido una solución humanitaria inmediata, denunciando las condiciones inhumanas en que se encuentran los migrantes. El caso ha encendido el debate sobre las políticas de deportación a “terceros países”, promovidas por la administración Trump, que en meses recientes firmó acuerdos con naciones como Panamá, Costa Rica y El Salvador para recibir vuelos con deportados que no son ciudadanos suyos.

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