El Departamento de Estado de Estados Unidos volvió a colocar a Cuba en el Nivel 3 de su Informe sobre la Trata de Personas 2025, la categoría más baja en la clasificación que mide los esfuerzos de los gobiernos para combatir este delito. Según el documento, La Habana mantiene un “patrón gubernamental” de explotación laboral, principalmente a través de sus misiones médicas en el extranjero.

El reporte subraya que algunos gobiernos no solo incumplen con las normas mínimas de protección, sino que participan activamente en prácticas de trata. En el caso cubano, se acusa al régimen de emplear mecanismos coercitivos de reclutamiento y control sobre los profesionales de la salud enviados a otros países, actividad que representó ingresos de más de 4.900 millones de dólares en 2022, último año con cifras disponibles.

“El trabajo forzoso es un método que se ha institucionalizado en programas estatales, especialmente en sectores como la salud”, señala el informe. En este contexto, Cuba se encuentra en la lista de 13 naciones con políticas documentadas de explotación laboral o sexual impulsadas desde el propio aparato gubernamental.

El secretario de Estado, Marco Rubio, destacó en la red social X que “la trata de personas es un crimen devastador que enriquece a organizaciones criminales y regímenes inmorales y antiestadounidenses”. Añadió que este informe busca promover la rendición de cuentas y proteger a comunidades vulnerables.

La designación de Nivel 3 implica posibles sanciones y restricciones en asistencia internacional. Entre ellas, la negativa del gobierno estadounidense a conceder ayuda no humanitaria ni comercial, así como el voto en contra de financiamientos a través del Fondo Monetario Internacional y otros bancos multilaterales de desarrollo. También puede limitar la participación de funcionarios de estos países en programas de intercambio académico y cultural.

El informe de este año enfatiza que, aunque se han registrado avances globales en condenas por trata laboral, los tratantes continúan adaptando sus métodos y la complicidad de funcionarios estatales sigue siendo uno de los principales obstáculos. En el caso de Cuba, se señala que los trabajadores son sometidos a condiciones que incluyen retención de pasaportes, salarios reducidos, limitación de movimientos y amenazas contra sus familias si abandonan las misiones.

Además de la explotación laboral, el documento menciona prácticas como la utilización de trabajo forzoso en proyectos estatales y el abuso de procesos legales para castigar o discriminar. La inclusión reiterada de Cuba en el Nivel 3 refleja, según Washington, la ausencia de voluntad política del régimen para erradicar un modelo que ha convertido a las misiones médicas en una de sus principales fuentes de divisas.

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