La crisis de medicamentos en Camagüey se ha profundizado tras un escándalo de corrupción que involucra a la Empresa Provincial de Farmacias y Ópticas.

En mayo pasado, una auditoría descubrió un desfalco millonario en efectivo y medicinas, que llevó a la destitución del director provincial Dixsan Rojas Cruz, con más de 25 años de trayectoria, junto al Director Económico y al Asesor Jurídico, acusados de estafa agravada y abuso de funciones.

A pesar de las medidas adoptadas por las autoridades y la intervención judicial, la situación no ha mejorado.

Farmacias vacías y la falta de medicinas de primera necesidad afectan a la población, que se ve obligada a buscar alternativas en las calles.

La venta ilegal de medicamentos, provenientes de los propios almacenes estatales, se ha disparado, con portales y aceras llenos de vendedores improvisados.

Los pacientes son los grandes perdedores: enfermos con condiciones crónicas o graves terminan pagando precios inflados por pastillas y tratamientos que deberían estar garantizados por el sistema estatal.

La corrupción en la cadena de distribución de medicamentos sigue desangrando los recursos destinados a la salud pública, mientras las autoridades parecen incapaces de frenar la situación.

Este fenómeno no solo refleja la ineficiencia administrativa, sino también un problema estructural del sistema sanitario cubano, donde la escasez de productos básicos, la falta de control en almacenes y la insuficiente supervisión permiten que la corrupción se reproduzca incluso tras destituciones de altos cargos.

Organizaciones de derechos humanos y pacientes denuncian que la crisis de medicinas no se limita a Camagüey, sino que afecta a todo el país, agravando la precariedad de hospitales y farmacias estatales.

La combinación de escasez, corrupción y ventas ilegales crea un círculo vicioso que perjudica directamente a los ciudadanos más vulnerables.

La situación ha generado indignación entre la población, que observa cómo los recursos públicos destinados a su bienestar terminan en manos de intermediarios que lucran con la salud. Mientras los tribunales investigan y enjuician a los responsables, la falta de soluciones rápidas mantiene en riesgo la vida de quienes dependen de tratamientos diarios.

(Fuente: La Tijera)

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