Una fuerte polémica ha estallado en la provincia de Las Tunas luego de que denuncias independientes en redes sociales señalaran la presunta muerte de nueve menores por desnutrición y falta de medicamentos en el Centro Médico-Psicopedagógico “Calixto Sarduy Arcia”. Las acusaciones, hechas por familiares y replicadas por medios alternativos, despertaron preocupación y reclamos sobre la situación de vulnerabilidad en instituciones estatales de cuidado.

Ante el revuelo, la Dirección Provincial de Salud publicó este miércoles una nota oficial en la que niega categóricamente que las causas de muerte estén relacionadas con desnutrición o carencias médicas. Según la entidad, los fallecimientos ocurridos en el centro “son consistentes con las estadísticas de años anteriores” y “no reflejan un incremento inusual en este periodo”.

Asimismo, rechazó lo que calificó como “afirmaciones falsas” difundidas en redes, que —a su juicio— buscan “desprestigiar la labor de nuestras instituciones”. La Dirección también insistió en que el centro cuenta con personal “capacitado” para atender a los residentes, personas con discapacidades intelectuales severas o profundas.

No obstante, la declaración oficial no aclara cuántas muertes se han producido durante el presente año, ni ofrece datos detallados sobre las condiciones actuales dentro del centro. La falta de transparencia ha generado aún más dudas entre familiares y la comunidad, especialmente porque algunos testimonios apuntan a negligencia, escasez crónica de alimentos y medicamentos, y un estado general de abandono.

“Cuando los recursos se desvían y nadie responde, lo que se pierde no es solo una vida: es la humanidad de un país que calla”, se lee en una de las publicaciones virales compartidas por activistas y ciudadanos preocupados. Aunque la institución insiste en que los decesos corresponden al “proceso natural de la vida”, muchos se preguntan si estas muertes pudieron haberse evitado con mejores condiciones y atención más rigurosa.

El comunicado de Salud también menciona el impacto del embargo económico de Estados Unidos como una dificultad clave para el abastecimiento de medicamentos, insumos y alimentos. A pesar de ello, asegura que existen mecanismos de articulación que permiten mantener el abastecimiento y la calidad de vida de los pacientes, incluyendo aquellos sin apoyo familiar.

Sin embargo, reportes de extrabajadores y familiares de residentes en otros centros similares describen escenarios preocupantes: higiene deficiente, alimentos en mal estado, ausencia de medicamentos básicos y personal médico sobrecargado o insuficientemente preparado.

Hasta el momento, las autoridades no han abierto ninguna investigación pública ni han ofrecido evidencia que respalde sus afirmaciones. Tampoco se ha permitido el acceso independiente al centro para verificar las condiciones reales de los pacientes.

Lo que queda claro es que la controversia no se resuelve con una simple nota en redes sociales. El tema refleja un conflicto más profundo sobre la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas en instituciones que atienden a poblaciones especialmente vulnerables. Mientras tanto, familiares y ciudadanos siguen exigiendo explicaciones claras y respuestas verificables.

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