Tras la reciente decisión de la Corte Suprema que permite cancelar el programa de parole humanitario, tres congresistas cubanoamericanos han manifestado su compromiso de encontrar una solución legal estable para los inmigrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que se acogieron a esta vía de entrada legal a Estados Unidos.

El parole, creado en enero de 2023, permitió a más de medio millón de personas ingresar al país con un permiso temporal respaldado por un patrocinador, así como solicitar una autorización de empleo. Sin embargo, esta protección migratoria no garantiza residencia permanente, y su futuro quedó en suspenso tras el fallo judicial que avala su revocación bajo la administración del presidente Donald Trump.

Ante esta situación, los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez anunciaron que trabajan con la administración para buscar una alternativa legal duradera. “Estamos colaborando activamente para presentar el caso de quienes no pueden regresar a sus países por temor a persecución. Es vital hallar una solución permanente para estas comunidades”, expresó Díaz-Balart.

El congresista subrayó que representan a distritos con una gran presencia de inmigrantes provenientes de países en crisis política, y que su compromiso es luchar por quienes llegaron de forma legal y buscan estabilidad en EE.UU.

Organizaciones defensoras de migrantes también reaccionaron, advirtiendo que la cancelación del parole afecta tanto a quienes llegaron por esa vía como a las familias que los patrocinaron. Los venezolanos, por ejemplo, ya enfrentan la cancelación de su Estatus de Protección Temporal (TPS), sumando incertidumbre a su situación migratoria.

Carlos Giménez se pronunció criticando la política migratoria del presidente Joe Biden, señalando que ha dejado un “caos fronterizo”. Sin embargo, aclaró que muchas personas bajo programas como el parole, TPS o el programa CHNV (Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela) son miembros productivos de la sociedad. “La ley debe respetarse, pero también debemos proteger a quienes cumplen con ella y aportan a nuestras comunidades”, afirmó.

La Corte Suprema basó su decisión en la autoridad del Secretario de Seguridad Nacional para conceder permisos temporales por razones humanitarias o de interés público, según lo estipulado en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Esta disposición permite evaluar cada caso de forma individual, pero no garantiza una vía a la residencia.

El fallo afecta especialmente a los cubanos que aún no completan el año y un día requeridos para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, quedando en una situación migratoria incierta.

Expertos recomiendan a los afectados que consideren otras alternativas legales, como la solicitud de asilo o el ajuste de estatus si cumplen con los requisitos establecidos. Por ahora, los legisladores continúan presionando para que se implemente una solución legislativa que otorgue permanencia legal a quienes llegaron bajo el programa de parole.

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