La implementación de la Orden Ejecutiva 14224, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de marzo de 2025, ha comenzado a afectar no solo a agencias federales, sino también a algunas empresas privadas en Estados Unidos. Esta normativa, que promueve el inglés como idioma oficial, permite a las instituciones gubernamentales reducir o eliminar servicios en otros idiomas, incluida la atención en español.

Recientemente, una clienta de Citi en Miami recibió un aviso indicando que “las futuras comunicaciones verbales y escritas podrían estar disponibles únicamente en inglés”. Este tipo de acciones sugiere que ciertas compañías privadas podrían comenzar a replicar la política federal, aunque no están obligadas a hacerlo.

El Migration Policy Institute aclara que la orden ejecutiva busca justificar la eliminación de servicios en otros idiomas bajo criterios de eficiencia administrativa y fomento de la asimilación cultural. No obstante, organizaciones de derechos civiles y medios como USA Today advierten que restringir el acceso a servicios en español puede resultar discriminatorio y generar obstáculos adicionales para millones de ciudadanos hispanohablantes.

Desde la entrada en vigor de la orden, varias dependencias han limitado o eliminado recursos en español. Por ejemplo, el sitio oficial en español de la Casa Blanca desapareció el mismo día de la toma de posesión de Trump. Posteriormente, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) cerró su portal en español, afectando el acceso a programas de asistencia para familias hispanohablantes.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) canceló contratos de traducción y servicios telefónicos en español, complicando trámites esenciales para inmigrantes y empresas. Además, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) analiza la posibilidad de eliminar formularios y asistencia en español, lo que podría dificultar el cumplimiento tributario para contribuyentes que dependen de estos recursos.

Aunque la orden ejecutiva no obliga a bancos ni aseguradoras a modificar sus servicios, el ejemplo de Citi demuestra que algunas compañías podrían alinearse con la nueva tendencia federal, reduciendo la atención en español. Por el contrario, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor sugiere que el vacío dejado por el sector público podría convertirse en una oportunidad para empresas que decidan mantener o ampliar sus servicios en español, especialmente en áreas donde la comunidad latina representa una base creciente de clientes, como banca, salud y servicios legales.

Especialistas advierten que, si más empresas siguen el ejemplo de Citi, la medida podría afectar la inclusión y accesibilidad para millones de hispanohablantes en EE. UU., generando un desafío adicional en la comunicación entre instituciones, clientes y la comunidad latina en general.

Fuente: Univisión Miami

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