Una nueva ola de operativos contra el comercio informal sacude La Habana en medio del llamado Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, dejando decenas de multas, decomisos y ventas forzadas que afectan directamente a vendedores callejeros y trabajadores por cuenta propia, en una ciudad donde muchos dependen de esta actividad para sobrevivir.

Esta semana, en el marco del IV Ejercicio Nacional, se dieron a conocer las acciones realizadas en el municipio de Guanabacoa. Participaron 27 inspectores, se llevaron a cabo 59 inspecciones y se aplicaron 124 multas, de las cuales 29 correspondieron a los decretos 30 y 91, por un total de 315,120 CUP. Además, se reportaron 13 ventas forzadas y cinco decomisos, según informó el Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba.

En Plaza de la Revolución, más de 30 inspectores realizaron 90 acciones de control, que incluyeron 20 inmovilizaciones temporales y la detección de 11 vendedores ilegales, con multas que superaron los 1,2 millones de pesos.

En Centro Habana, un taller en Cayo Hueso fue sancionado con 42,000 CUP por comercializar productos vencidos, además de otras infracciones por violaciones de precios y etiquetado.

A nivel general, la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) reportó la revisión de 268 establecimientos, con 143 multas que suman 740,500 CUP, 30 cierres temporales y una deuda tributaria total de 371,2 millones de pesos, de los cuales se han recuperado más de 24 millones.

El gobierno presenta estas medidas como parte de una campaña destinada a garantizar el “orden interior” y la disciplina social, justificada por el primer secretario Miguel Díaz-Canel como necesaria para mantener la tranquilidad ciudadana en medio del descontento social, apagones y escasez de alimentos.

Sin embargo, estas acciones han generado críticas generalizadas, especialmente en zonas como el Agromercado de Tulipán, donde se denunciaron arrestos y decomisos arbitrarios. Ciudadanos señalan que estas medidas afectan a quienes buscan ganarse el pan diario, mientras no se abordan problemas estructurales más graves.

Críticos también apuntan que la exigencia del uso obligatorio de la Cuenta Bancaria Fiscal y de pagos electrónicos parece más un mecanismo de control estatal sobre la economía no oficial que una medida para proteger al consumidor.

Para muchos habaneros, la venta informal sigue siendo una de las pocas vías de acceso a productos básicos. En este contexto, los operativos profundizan la sensación de represión y vulnerabilidad en un escenario económico cada vez más asfixiciante.

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