El Gobierno de Bahamas ha salido en defensa de su acuerdo de colaboración médica con Cuba, luego de que Estados Unidos reiterara su postura crítica hacia estos programas, calificándolos como una forma de esclavitud moderna. Este lunes, una delegación bahameña encabezada por el primer ministro Philip Davis se reunirá con altos funcionarios estadounidenses para abordar directamente el tema.

Desde hace años, Estados Unidos sostiene que las misiones médicas cubanas constituyen una práctica coercitiva y violatoria de los derechos humanos. El senador Marco Rubio, de origen cubano y uno de los críticos más acérrimos del régimen de La Habana, ha liderado los esfuerzos por imponer sanciones, incluyendo restricciones de visado, a funcionarios implicados en estas misiones.

Rubio y otros funcionarios estadounidenses argumentan que los médicos cubanos enviados al extranjero trabajan bajo condiciones laborales abusivas: se les confiscan pasaportes, se les paga solo una fracción del salario que los gobiernos anfitriones entregan al régimen cubano, y enfrentan vigilancia constante y amenazas si intentan desertar.

En el caso específico de Bahamas, se ha informado que el país paga entre 999 y 1,200 dólares mensuales por cada médico cubano, dinero que, en su mayoría, no va directamente al profesional, sino al gobierno cubano. Washington ha advertido que países que contraten este tipo de servicios podrían enfrentar sanciones, incluyendo la revocación de visados a funcionarios implicados en los acuerdos.

Ante la presión, la secretaria de prensa de Bahamas, Keishla Adderley, defendió la relación con Cuba y explicó que la misión en Washington busca exponer la importancia de los médicos cubanos en el sistema sanitario local, especialmente en áreas con escasez de personal. “Son fundamentales para la prestación de servicios médicos en comunidades vulnerables”, afirmó.

El fiscal general de Bahamas, Ryan Pinder, también participará en la reunión y ha mantenido contactos previos con agencias clave de Estados Unidos, incluyendo el Departamento del Tesoro y organismos financieros. Pinder aseguró que el encuentro servirá para aclarar la postura de su país y rechazar lo que calificó como “evaluaciones erróneas” sobre la participación de Bahamas en estos programas.

Pinder también aprovechará para presentar los avances de Bahamas en materia de regulación financiera y cumplimiento con los estándares internacionales contra el lavado de dinero, buscando neutralizar críticas incluidas en el reciente Reporte Estratégico Internacional de Control de Narcóticos de 2024.

Mientras tanto, el Gobierno de Davis insiste en que las críticas hacia la colaboración médica con Cuba están politizadas y no reflejan la realidad de las necesidades sanitarias de los países del Caribe. Bahamas considera que cada nación tiene derecho a establecer acuerdos de cooperación según sus intereses y capacidades.

Sin embargo, la postura de Estados Unidos ha ganado terreno en organismos internacionales de derechos humanos, donde se han documentado testimonios de médicos cubanos que describen condiciones de trabajo forzoso, restricciones de movimiento y represalias contra sus familias en la isla si deciden desertar.

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