La administración de Donald Trump estudia imponer una fianza de hasta 100 mil dólares a determinados extranjeros que soliciten la residencia permanente desde consulados estadounidenses. La medida, dirigida a quienes sean considerados un posible riesgo de convertirse en una "carga pública", podría transformar el proceso migratorio y generar nuevas barreras para miles de familias, incluidas las cubanas.
La administración del presidente Donald Trump evalúa una nueva medida migratoria que podría cambiar de forma significativa el proceso para obtener la residencia permanente en Estados Unidos. El Departamento de Estado analiza exigir una fianza de hasta 100 mil dólares a determinados solicitantes de la green card que realicen el trámite en consulados estadounidenses fuera del país.
Según adelantó The Wall Street Journal, la propuesta estaría dirigida a personas que las autoridades consideren con riesgo de convertirse en una "carga pública", es decir, inmigrantes que podrían depender de programas de asistencia gubernamental una vez obtengan la residencia.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó que la iniciativa está siendo evaluada y aseguró que forma parte de la estrategia de la administración para reforzar la autosuficiencia económica de los inmigrantes. "La administración Trump está restaurando la expectativa básica de que los inmigrantes a Estados Unidos deben contribuir a nuestra sociedad más de lo que reciben de ella", afirmó.
De aprobarse, la fianza sería reembolsable únicamente cuando el beneficiario obtenga la ciudadanía estadounidense, un proceso que normalmente requiere al menos cinco años después de recibir la green card. Sin embargo, el dinero podría perderse si el residente utiliza determinados programas de asistencia pública o incumple las condiciones establecidas por las autoridades migratorias. En algunos casos, familiares residentes en Estados Unidos podrían asumir el pago de la garantía.
La propuesta llega después de que USCIS estableciera en mayo de 2026 que la vía preferente para solicitar la residencia permanente será el trámite consular en el extranjero, en lugar del ajuste de estatus dentro de Estados Unidos. Esto obligaría a miles de personas con visas temporales a salir del país para completar el proceso y, eventualmente, afrontar el pago de esta elevada fianza.
El plan también coincide con una nueva regulación sobre "carga pública", que entrará en vigor en septiembre de 2026 y permitirá a los oficiales de inmigración considerar como factores negativos el uso de beneficios como Medicaid, cupones de alimentos o ayudas para vivienda al evaluar solicitudes de residencia.
Abogados especializados en inmigración han criticado duramente la iniciativa, al considerar que convierte el acceso a la residencia en un sistema reservado para quienes tengan mayores recursos económicos. Aunque la propuesta todavía no ha sido aprobada oficialmente, expertos advierten que podría implementarse rápidamente, siguiendo el ritmo de otros cambios migratorios impulsados por la actual administración.
Fuente: The Wall Street Journal
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