Un juez federal de Rhode Island rechazó un nuevo intento de la administración de Donald Trump de volver a congelar miles de trámites migratorios gestionados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). La decisión mantiene en marcha solicitudes de asilo, permisos de trabajo, residencias permanentes, naturalizaciones y otros beneficios para ciudadanos de 39 países.
Miles de inmigrantes en Estados Unidos recibieron un importante alivio luego de que un juez federal rechazara la petición de la administración del presidente Donald Trump para suspender nuevamente el procesamiento de numerosos trámites migratorios que permanecían paralizados.
El juez principal del Tribunal Federal del Distrito de Rhode Island, John J. McConnell Jr., negó la solicitud de emergencia presentada por el Gobierno y mantuvo vigente una orden emitida el pasado 5 de junio, mediante la cual anuló cuatro políticas implementadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que permitían congelar expedientes de ciudadanos procedentes de 39 países.
La decisión significa que USCIS deberá continuar procesando solicitudes de asilo, renovaciones de permisos de trabajo, residencias permanentes (Green Card), procesos de naturalización, beneficios del programa DACA y documentos de viaje, aunque la agencia mantiene la facultad de aprobar o rechazar cada caso tras las revisiones correspondientes.
Durante el proceso judicial, la administración Trump argumentó que las medidas eran necesarias para reforzar los controles de seguridad nacional, prevenir fraudes migratorios y detectar posibles vínculos con actividades terroristas. Sin embargo, McConnell consideró que esos objetivos pueden alcanzarse mediante las herramientas de verificación ya existentes, sin necesidad de mantener los expedientes congelados de forma generalizada.
El magistrado también cuestionó que el Gobierno demorara varias semanas en solicitar una suspensión de emergencia de su fallo, al considerar que esa tardanza debilitaba el argumento de que existía un riesgo inmediato para la seguridad nacional.
Según organizaciones que representan a los demandantes, tras la decisión judicial varios expedientes comenzaron a avanzar nuevamente. Entre los casos reportados figuran inmigrantes haitianos que recibieron nuevas fechas para sus ceremonias de ciudadanía, un beneficiario de DACA originario de Nigeria cuya renovación fue procesada y un ciudadano afgano que finalmente obtuvo un documento de viaje que permanecía pendiente.
Los demandantes sostuvieron que las políticas de USCIS provocaron pérdidas de empleo, vencimiento de permisos laborales, retrasos en procesos de residencia y ciudadanía, además de limitar la posibilidad de viajar o reunirse con familiares.
Aunque el litigio continuará ahora ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito y eventualmente podría llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos, la orden judicial permanece vigente. Mientras no exista un fallo superior que la modifique, USCIS está obligado a seguir revisando y resolviendo los trámites migratorios afectados, evitando que miles de solicitantes permanezcan en un prolongado limbo administrativo.
Fuente: Boston Globe
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