El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha solicitado al Departamento de Justicia (DOJ) una compensación de 230 millones de dólares por lo que considera daños sufridos durante las investigaciones que enfrentó bajo la administración de Joe Biden y antes de su primer mandato. La información fue revelada por The New York Times y confirmada posteriormente por ABC News a través de fuentes cercanas al proceso.
De acuerdo con esos reportes, los abogados de Trump presentaron dos reclamos administrativos entre 2023 y 2024, cuando el mandatario aún no había regresado al poder. El primero se refiere a la investigación federal sobre los presuntos vínculos de su campaña de 2016 con el gobierno ruso, conocida como “Russiagate”, un proceso que, según su equipo legal, afectó gravemente su reputación y carrera política.
El segundo reclamo está relacionado con el registro del FBI en Mar-a-Lago en agosto de 2022, cuando agentes federales confiscaron documentos clasificados. Trump sostiene que la operación, ordenada por el entonces fiscal especial Jack Smith, fue “maliciosa y políticamente motivada”, y que violó su derecho a la privacidad.
Fuentes del Departamento de Justicia explicaron que cualquier acuerdo de este tipo requeriría la aprobación de altos funcionarios, incluidos el fiscal general adjunto y el fiscal general asociado, quienes además formaron parte del equipo de defensa de Trump en causas anteriores. Esto plantea un inusual conflicto ético, ya que el presidente en funciones estaría negociando un pago del Estado a su favor.
Durante una reunión en la Oficina Oval con la fiscal general Pam Bondi, el director del FBI Kash Patel y el fiscal general adjunto Todd Blanche, Trump reconoció lo inusual del caso:
“Tengo una demanda que iba muy bien, y cuando asumí la presidencia, me dije: ‘Me estoy demandando a mí mismo’. No sé cómo se resuelve eso. Se ve extraño, pero sufrí daños graves”, declaró.
Trump insistió en que no busca enriquecerse personalmente y que, de concretarse un pago, donaría el dinero a obras de caridad. No obstante, agregó que la solicitud responde a un principio de “justicia y reparación por los abusos del pasado”.
El mandatario afirmó que las investigaciones impulsadas por el Departamento de Justicia durante el gobierno de Biden formaron parte de una “campaña de persecución política” destinada a impedir su retorno a la Casa Blanca. Tras su reelección en 2024, ambos casos —el de los documentos clasificados y el del asalto al Capitolio del 6 de enero— fueron desestimados, en cumplimiento de la política que prohíbe procesar a un presidente en funciones.
El Departamento de Justicia, por su parte, se negó a ofrecer comentarios sobre el estado de las negociaciones, limitándose a indicar que todos los funcionarios involucrados “siguen las pautas de ética profesional”.
Si el reclamo prospera, sería la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente obtiene una compensación económica del propio Departamento de Justicia por actuaciones previas de ese organismo.
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