Lo ocurrido en la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila, no fue una simple “alteración del orden”, como intentó presentarlo el Ministerio del Interior de Cuba. Fue el estallido de hombres desesperados por hambre, abusos y condiciones infrahumanas, seguido de una respuesta violenta que hoy intenta enterrarse bajo traslados forzosos y silencio oficial.
De acuerdo con denuncias de Prisoners Defenders y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, al menos 42 reclusos fueron trasladados a la prisión Kilo 8, en Camagüey, tras el motín del 19 de febrero. Muchos habrían llegado golpeados, con fracturas visibles y sin recibir atención médica adecuada. Algunos, según testimonios, apenas podían hablar del dolor.
El detonante habría sido la protesta de un joven que reclamó por la falta de comida. Tras ser brutalmente agredido, apareció muerto en su celda en circunstancias que familiares y activistas consideran sospechosas. Lejos de ofrecer transparencia, las autoridades respondieron con fuerzas antimotines, balas de goma y gases lacrimógenos dentro de un penal ya marcado por la precariedad.
Organizaciones independientes reportan al menos varios fallecidos, basándose en la salida de ataúdes del recinto tras la represión. Sin embargo, el gobierno no reconoce muertos ni heridos. Tampoco ha permitido una investigación imparcial ni ha publicado imágenes oficiales del operativo. La versión estatal reduce lo sucedido a la acción de reclusos a los que calificó como "delincuentes” sancionados por delitos como robo, hurto y tenencia ilegal de armas, y aseguró que “se restableció el orden con racionalidad y determinación”.
Los nombres comienzan a circular, a pesar del esfuerzo por mantenerlos en secreto. El caso de Luis Fariña, hospitalizado con lesiones neurológicas graves, y la incertidumbre sobre el paradero del preso político Orlando Almenares Reyes han encendido las alarmas. El mensaje que parece enviarse es claro: dispersar, aislar y silenciar.
El patrón no es nuevo. Ante crisis internas, el sistema penitenciario cubano suele optar por fragmentar a los internos considerados conflictivos, trasladándolos lejos de sus familias y redes de apoyo. Es una estrategia de control que castiga doblemente: primero con la violencia, luego con el desarraigo.
Mientras tanto, el discurso oficial insiste en la “legalidad socialista” y en la necesidad de preservar el orden. Pero el orden basado en el miedo no resuelve el problema de fondo: cárceles superpobladas, escasez de alimentos, falta de atención médica y ausencia total de mecanismos independientes de supervisión.
Canaleta se convierte así en un símbolo incómodo. Un recordatorio de que, tras los muros, la crisis nacional también se vive con crudeza. Y de que, cuando los presos gritan por comida y dignidad, la respuesta no debería ser el golpe ni el silencio, sino la verdad.
Fuente: Periódico Cubano
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