El equipo legal de Nicolás Maduro aseguró que la administración del presidente Donald Trump está impidiendo que el gobierno venezolano cubra los honorarios de su defensa en el proceso penal que enfrenta en Nueva York, lo que —según su abogado— podría vulnerar su derecho constitucional a contar con representación legal.
De acuerdo con un escrito presentado ante un tribunal federal en Manhattan, el abogado Barry Pollack informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, revocó sin explicación la autorización que inicialmente había concedido para que el gobierno de Venezuela pagara los costos de la defensa de Maduro.
Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados el pasado 3 de enero en un operativo militar nocturno y trasladados a Estados Unidos. La fiscalía federal de Manhattan los acusa de conspiración para importar cocaína, posesión de armas de guerra y conspiración narcoterrorista. Ambos se han declarado inocentes y permanecen detenidos sin derecho a fianza mientras esperan juicio.
Según Pollack, el 9 de enero la OFAC otorgó licencias tanto a Maduro como a Flores para permitir que el Estado venezolano asumiera sus gastos legales, en cumplimiento de las leyes y prácticas internas del país sudamericano. Sin embargo, menos de tres horas después, la autorización correspondiente a Maduro fue modificada y revocada, mientras que la licencia de Flores se mantuvo vigente.
El abogado explicó que solicitó formalmente el restablecimiento del permiso el 11 de febrero, argumentando que el gobierno venezolano tiene la obligación de cubrir los honorarios del exmandatario y que este no dispone de recursos propios para costear su defensa en Estados Unidos. Hasta ahora, según el expediente judicial, no ha recibido respuesta.
Pollack advirtió que, de no revertirse la decisión, pedirá la intervención del tribunal al considerar que el gobierno estadounidense estaría interfiriendo con el derecho de su cliente bajo la Sexta Enmienda, que garantiza la asistencia de un abogado en procesos penales.
Analistas señalan que permitir que el gobierno venezolano financie la defensa podría tener implicaciones diplomáticas y jurídicas, especialmente en un proceso en el que la defensa ha anticipado que argumentará inmunidad como exjefe de Estado y cuestionará la legalidad de la captura.
La acusación formal, de 25 páginas, sostiene que Maduro y otros colaboradores habrían trabajado con cárteles del narcotráfico para facilitar el envío de grandes cantidades de cocaína hacia territorio estadounidense, además de ordenar actos de violencia contra supuestos deudores. De ser hallados culpables, tanto Maduro como Flores podrían enfrentar cadena perpetua.
Maduro tiene programada una nueva audiencia ante el tribunal federal el próximo 26 de marzo, mientras continúa la disputa legal sobre quién puede —y bajo qué condiciones— pagar su defensa.
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