Un grupo de 22 estados y el Distrito de Columbia presentó una demanda contra la administración de Donald Trump para intentar frenar una nueva regla migratoria que ampliaría los criterios utilizados para determinar si un inmigrante puede ser considerado una “carga pública”.
La norma, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), está prevista para entrar en vigor el próximo 18 de septiembre y podría dificultar el acceso a la residencia permanente, visas o entrada a Estados Unidos para determinados solicitantes que reciban beneficios públicos o sean considerados potencialmente dependientes de ellos.
La demanda fue presentada en el Distrito Sur de Nueva York contra el DHS, su secretario Markwayne Mullin, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y su director Joseph B. Edlow. Los estados buscan que un tribunal bloquee la aplicación de la normativa, la declare inválida y prohíba al gobierno utilizarla.
Según la información difundida por CNN, la nueva política otorgaría a los funcionarios migratorios mayor discrecionalidad para evaluar los beneficios recibidos por quienes soliciten determinados beneficios migratorios.
Hasta ahora, las autoridades se habían concentrado principalmente en ayudas económicas destinadas a la manutención. La nueva disposición permitiría considerar una gama más amplia de beneficios sujetos a comprobación de recursos, incluidos programas como Medicaid, asistencia alimentaria y subsidios de vivienda.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, cuestionó la medida y advirtió que podría provocar que familias que tienen derecho legal a determinados programas de asistencia dejen de utilizarlos por temor a consecuencias migratorias.
Los estados demandantes también argumentan que la política podría generar importantes pérdidas económicas para los gobiernos estatales. Según los documentos judiciales, la reducción en el uso de programas como Medicaid y CHIP podría provocar una disminución de miles de millones de dólares en fondos federales.
La controversia se centra en la interpretación de la llamada regla de “carga pública”, una disposición de la legislación migratoria estadounidense que existe desde el siglo XIX y permite negar determinados beneficios migratorios a personas consideradas susceptibles de depender del gobierno.
Durante la primera administración Trump se amplió el número de beneficios que podían ser considerados en estas evaluaciones. Posteriormente, en 2022, el gobierno de Joe Biden estableció una regulación que volvió a excluir de manera general los beneficios no monetarios.
La nueva norma elimina esa regulación y establece un criterio más amplio para evaluar la recepción de beneficios públicos. Además, podría tomar en consideración prestaciones solicitadas en nombre de familiares, incluidos hijos ciudadanos estadounidenses.
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