La Fiscalía federal de Estados Unidos estaría preparando en secreto una acusación penal contra Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, por supuestos delitos de corrupción y lavado de dinero, según informó un pódcast de Reuters World News.
La preocupación de las autoridades estadounidenses por Rodríguez no es reciente. En enero, Associated Press (AP) reveló que la dirigente venezolana había estado bajo vigilancia de la DEA desde al menos 2018 y que, en 2022, fue clasificada como «objetivo prioritario», una etiqueta destinada a individuos vinculados a actividades de alto impacto en el narcotráfico. Los archivos de la agencia incluyen investigaciones sobre tráfico de drogas, contrabando de oro y vínculos con figuras como el empresario Alex Saab, considerado central en la red de negocios del chavismo.
AP también señaló que, en 2021, un informante aseguró que varios hoteles en Isla Margarita eran utilizados como fachada para operaciones de lavado de dinero. Pese a estos antecedentes, el Gobierno estadounidense aún no ha presentado cargos formales contra Rodríguez, y ella no figura entre los funcionarios imputados en investigaciones previas sobre narcotráfico relacionadas con el entorno de Nicolás Maduro.
El diario ABC, por su parte, había detallado la magnitud de los negocios vinculados a Rodríguez y a su pareja, Yussef Abou Nassif, destacando contratos estatales que se dispararon durante la crisis venezolana y estructuras societarias en el extranjero. También se mencionaban supuestos vínculos con organizaciones como Hizbolá y Hamás, aunque sin pruebas concluyentes. Rodríguez ha presentado demandas contra el diario y su director para que se rectifiquen estas informaciones.
La convergencia de estos tres informes —Reuters sobre la preparación de cargos, AP sobre el historial de la DEA y ABC sobre los negocios y relaciones de Rodríguez— refleja una estrategia deliberada: crear un instrumento de presión legal y política. La sola amenaza de acusación implica consecuencias inmediatas para la dirigente: limitaciones de viaje, exposición financiera, riesgo de detención fuera de Venezuela y un fuerte mensaje a su círculo sobre el alcance de la nueva fase política.
De acuerdo con Reuters y ABC, la causa se instruiría en Miami, abriendo un frente judicial paralelo al que ya se sigue en Nueva York contra Maduro, su esposa Cilia Flores y otros miembros de la cúpula del poder venezolano. La preparación de este expediente mantiene un doble propósito: ejercer presión de forma discreta y condicionar el comportamiento de Rodríguez y del chavismo, sin necesidad de presentar todavía una acusación formal.
En resumen, Estados Unidos estaría utilizando la justicia como herramienta de influencia política, con un proceso que combina vigilancia, recopilación de pruebas y planificación estratégica, mientras mantiene el proceso en un estado de “preparación silenciosa” que maximiza su impacto.
Pódcast Reuters World News
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