El opositor cubano José Daniel Ferrer denunció un nuevo episodio de represión contra activistas que colaboran con la labor solidaria de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), en Santiago de Cuba. Según explicó, en las últimas horas varios voluntarios fueron detenidos, amenazados e incluso obligados a grabar declaraciones bajo coacción, en un intento del régimen por frenar las iniciativas ciudadanas de apoyo a los más necesitados.
Ferrer, ex preso político y coordinador de UNPACU, detalló que en apenas un día fueron arrestadas ocho personas por agentes de la policía política, entre ellas tres mujeres. Dos de ellas y un hombre recibieron multas de 24.000 pesos, mientras que otro colaborador fue sancionado con una de 36.000. Además, al menos uno de los detenidos fue golpeado, y a otro le confiscaron el teléfono móvil.
El caso más alarmante fue el de una colaboradora obligada a grabar un video en el que afirmaba que no volvería a participar en las actividades de UNPACU. De acuerdo con Ferrer, los agentes le advirtieron que, si se negaba, sería encerrada en una celda con decenas de hombres. “La amenaza era clara y brutal”, denunció el opositor. “El régimen está sobrepasando todos los límites de la vileza”.
El régimen de Miguel Díaz-Canel, en su intento de frenar la acción humanitaria que realiza este grupo de oposición, ha intensificado las amenazas hacia quienes reparten alimentos, medicamentos o simplemente colaboran con el sostenimiento del centro donde opera la organización.
Ferrer explicó que la presión del régimen no se limita a intimidaciones verbales. También han recibido indicaciones para infiltrar a personas que puedan sabotear la labor desde dentro. “Les piden que contaminen la comida, que tapen los baños, que suelten insectos en la casa. Buscan cualquier método para generar caos y desmoralizar el trabajo solidario”, indicó.
Esta situación ha obligado a Ferrer a desvincular a varias personas que, ante el miedo o las amenazas, han accedido a conversar con la Seguridad del Estado sin informar a la organización. “Si ceden a esa presión, pueden convertirse sin querer en instrumentos de una maquinaria que solo busca destruirnos”, aseguró.
Por otro lado, el líder de UNPACU expresó su preocupación por el futuro inmediato del proyecto, ya que los encargados de llevar la leña para cocinar también podrían ser bloqueados por el régimen. “Estamos alerta, observando cada movimiento. No podemos bajar la guardia”, dijo.
Estas denuncias se suman a las cifras difundidas por organizaciones de derechos humanos, que contabilizan más de 350 detenciones en menos de un mes en la isla. El patrón represivo parece centrarse ahora en quienes prestan ayuda directa a la comunidad, en una muestra más del deterioro del aparato estatal y del miedo oficial a cualquier expresión de autonomía ciudadana.