El diseño de un protocolo de actuación para la detección, información y traslado de personas con conducta deambulante se encuentra entre los elementos más novedosos incorporados a la actualización de la política aprobada en 2014 sobre la atención a este sector vulnerable de la población.
En la última sesión del Consejo de Ministros, se discutió la necesidad de que las provincias sin un Centro de Protección Social evalúen su creación, aunque cuenten con equipos multidisciplinarios de las instituciones de salud. Entre las provincias mencionadas están Isla de la Juventud, Mayabeque, Artemisa, Cienfuegos, Sancti Spíritus y Guantánamo, mientras que en Las Tunas se está constituyendo un nuevo centro.
Actualmente, los nueve centros de Protección Social existentes evalúan clínicamente a las personas y abordan sus problemas con el objetivo de reintegrarlas con sus familias. Estas instalaciones no están diseñadas para alojar a personas a largo plazo. Para aquellos que están solos y son responsabilidad del Estado, hay un procedimiento específico para su protección.
La actualización de la política también incluye la indicación de remitir a los menores de edad que se encuentren deambulando al centro educacional o sanitario más cercano para evaluar su estado de salud, brindar la atención necesaria e informar a las autoridades competentes.
Para los menores de 60 años sin domicilio, se deben facilitar el acceso a rehabilitación por adicciones, ofertas de empleo o cursos de capacitación, y proveer facilidades temporales para vivir, como hogares de tránsito, entrega de viviendas o subsidios para su reparación o construcción, según detalló la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera.
La actualización de esta política llega en un momento crítico, ya que en Cuba se ha observado un incremento significativo en el número de personas que deambulan debido a la profunda crisis económica que atraviesa la isla. Esta situación ha exacerbado la vulnerabilidad de muchos ciudadanos, subrayando la urgencia de implementar medidas efectivas para su atención y reintegración social.