Las ocupaciones ilegales de viviendas en Santa Clara han aumentado en los últimos meses, muchas veces protagonizadas por madres con varios hijos, mientras que la situación preocupa a los propietarios, pues las autoridades tardan en dar respuesta a la crisis.
Un reporte en la prensa oficialista local recoge testimonios de personas que debieron actuar ante hechos de esa índole. “Entraron el sábado 28 de mayo, debajo de un aguacero. El domingo, sobre las 9:00 a. m., la abuela de mi yerno me avisó de que había personas extrañas y que, al llamarme desde su casa, colindante con esta, le gritaron: "Aquí no vive ninguna Margarita"”.
“Cuando llegué, no me permitieron pasar. En el interior de la vivienda se encontraba una muchacha con un niño de un año y medio, más o menos, y afuera estaba otra, embarazada”, relató Margarita Martínez cuya hija se encuentra fuera del país y su vivienda fue ocupada de manera forzosa.
“Fui a la Tercera Unidad de la Policía, con la propiedad en la mano, para dar cuenta de lo sucedido, y me explicaron que ellos no podían proceder en estos asuntos, que debía presentarme el lunes en la Dirección Municipal de Vivienda, para que el director y la asesora jurídica vinieran”, explicó.
Martínez dice que afortunadamente la familia de su yerno logró persuadir a las ocupantes de que se marcharan, no sin antes comunicarles que irrumpirían en otra vivienda. Además, le advirtieron: “Aquí tiene que meterse alguien, porque todo el mundo está en la misma situación que nosotras”. “Alguien tiene que ponerle freno a esta situación, porque no sé a dónde vamos a llegar”, lamentó Martínez.
Luego de que las mujeres abandonaran la casa, Martínez se percató de que habían desaparecido un disco duro y una cámara de seguridad. Asimismo, debió invertir 300 MLC en una nueva puerta de entrada, 13 500 pesos por una reja para mayor protección a la casa, aparte del gasto en materiales de construcción y el pago a los albañiles. Ahora teme que el episodio se repita.
“Si esta es mi propiedad y la quiero mantener cerrada, ¿no tengo derecho a que la autoridad saque a las personas que la ocupen ilegalmente? Como el mío, son muchos los casos en la ciudad de Santa Clara, y tengo conocimiento de que algunos han pedido dinero para salir de las casas. ¿Qué pasará entonces con la tranquilidad ciudadana?”, inquirió.
María Emilia Garricks Barroso cuidaba de una casa que heredó un cubano en Italia luego de que los padres fallecieran, y un día supo, a través de un vecino, que alguien había entrado. Cuando fue hasta la vivienda se encontró a una mujer que le cuestionó por intentar abrir la puerta. Una muchacha con un niño cargado de un año y medio o dos, y madre de otro de 11 o 12, le dijo desde el interior que no insistiera.
“¿Por qué?, si esta es mi casa”, preguntó. “No es suya. Aquí vivían dos viejitos que fallecieron, los hijos están en "el yuma", y usted es la que cuida la casa”, le respondió. La mujer acudió a la unidad de policía, pero allí se desentendieron del asunto. “Esta denuncia tiene que ser en la Dirección Municipal de Vivienda, porque nosotros no tenemos nada que ver con eso”, le dijeron.
Entonces, debió someterse a un engorroso vaivén de trámites y visitas a funcionarios. “Ya el abogado que atiende el caso notificó la ocupación ilegal, con la orden de salir en las siguientes 72 horas; pero un error en el kilómetro de la dirección de origen de la muchacha ha paralizado todo el proceso, a pesar de que los vecinos vieron llegar dos carretones donde movieron un fogón, refrigerador y otros artículos que no trajo desde un árbol del parque Vidal, sino de otro espacio que habitaba antes”, dijo.
“Mientras, entran y salen personas de la casa, continúan los altercados entre ella y el marido, han roto persianas, están usando equipos y muebles de la familia, me siguen privando de pertenencias que dejé allá, y que he necesitado y no he podido recuperar, aun teniendo la llave”, lamentó.
La ocupante advirtió que estaba embarazada otra vez y que, si los dueños acudían a reclamar, vivirían los tres juntos porque ella solo saldría de ahí cuando el Estado le entregara una casa. “Despreocúpate, que esto es mío ya”, habría comentado.
“¿Por qué provocamos este disgusto, sin saber qué puede desencadenar? Encuentro las leyes muy débiles en este sentido y lo digo con sinceridad: hay que hacer algo, ¡pronto!, porque cada vez son más los hechos como este”, dijo María Emilia.
El fiscal jefe del Departamento de Procesos Penales de Villa Clara, Yusniel Benavides Gutiérrez, señaló que el nuevo Código Penal de Cuba contiene, en el artículo 421, una formulación muy parecida al delito de usurpación. En su Artículo 115, la Ley General de la Vivienda declara ocupantes ilegales a personas que ocupen violenta o clandestinamente una casa, o permanezcan en una cuyo propietario abandonó el país o falleció “sin cumplir los requisitos establecidos en esta Ley y sus disposiciones complementarias”.