Una cafetería particular del municipio de Placetas, en la provincia central de Villa Clara, extendió su programa de apoyo comunitario al comprometerse a suplir diversas carencias del hogar local de menores sin amparo filial, al tiempo que sostiene su colaboración habitual con una residencia para adultos mayores.
La gestión corresponde al establecimiento Aromas de Juliana, situado en la carretera de Fidencia. Según dio a conocer en redes sociales el activista Rubén Carrillo, el local mantiene desde hace tiempo un respaldo constante al hogar de ancianos ubicado en 1.ª del Oeste, entre 2.ª y 3.ª del Norte, institución administrada por la Iglesia católica.
Con este nuevo paso, la entidad comercial asumirá también parte de los requerimientos materiales de los infantes y adolescentes acogidos en el centro estatal de protección de la localidad.
De acuerdo con testimonios de residentes de la zona, el dueño del negocio, identificado como Agustín Cabrera, implementa además otras prácticas de respaldo vecinal. Habitantes del municipio relataron que el comerciante suele fiar alimentos a compradores con escasos ingresos económicos y proporciona meriendas sin costo alguno de manera diaria a estudiantes de la escuela primaria Yami Duménigo. Ante esta labor, los vecinos han promovido el consumo en el establecimiento como una vía para garantizar la sostenibilidad financiera de estas donaciones.
Este caso se inserta en una tendencia creciente de emprendimientos no estatales en Cuba que asumen tareas de asistencia alimentaria y social frente a las limitaciones materiales de las entidades públicas. Iniciativas similares se han documentado recientemente en territorios como Santa Clara y La Habana, donde panaderías y cafeterías particulares entregan módulos de comida a familias vulnerables o a pacientes hospitalizados.
En paralelo a estas acciones voluntarias, el ámbito institucional también ha impulsado mecanismos para vincular al sector privado con los programas de asistencia pública. En agosto pasado, el Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo 10418, normativa que autoriza a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y otros actores económicos no estatales a gestionar comedores del Sistema de Atención a la Familia, ampliando así la participación particular en la cobertura social.
Fuente: Rubén Carrillo