Miles de familias que reciben asistencia federal para pagar sus viviendas podrían verse afectadas por una nueva regulación del Gobierno de Donald Trump, que obliga a los residentes de determinados programas habitacionales a demostrar que son ciudadanos estadounidenses o que cuentan con un estatus migratorio elegible.
La normativa fue publicada el jueves 12 de noviembre por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y entrará en vigor el próximo 14 de diciembre. La disposición alcanza tanto a los nuevos solicitantes como a quienes ya viven en viviendas públicas o reciben ayudas federales para el alquiler, incluidos los menores de edad.
Uno de los principales cambios afecta a los hogares de estatus migratorio mixto, donde conviven ciudadanos estadounidenses o inmigrantes elegibles con personas que no cumplen los requisitos para recibir asistencia federal.
Hasta ahora, estas familias podían permanecer en los programas de vivienda pública mediante una subvención proporcional, calculada únicamente sobre los integrantes que reunían las condiciones legales. Sin embargo, la nueva regulación convierte ese mecanismo en una medida temporal mientras se verifica la situación migratoria de todos los miembros del hogar, en lugar de permitir que continúe indefinidamente.
El impacto podría alcanzar a unas 20.000 familias, alrededor de 80.000 personas, según estimaciones del Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), una organización de investigación especializada en políticas presupuestarias. Entre los posibles afectados figuran aproximadamente 37.000 menores, la mayoría ciudadanos estadounidenses.
De acuerdo con la información publicada por CBS News, la nueva disposición podría obligar a numerosas familias a elegir entre abandonar la vivienda subsidiada, buscar otro alojamiento fuera del programa o separarse para que los integrantes que sí cumplen los requisitos puedan conservar la asistencia.
La regulación se aplicará en los 50 estados y tendrá especial impacto en lugares como Nueva York, California y Texas, donde se concentra una parte importante de los hogares con estatus migratorio mixto.
La administración Trump sostiene que la medida busca garantizar que los recursos públicos destinados a vivienda beneficien exclusivamente a las personas que cumplen los requisitos establecidos por la legislación federal.
El secretario del HUD, Scott Turner, defendió la decisión y aseguró que el Gobierno pretende cerrar vacíos en los mecanismos de comprobación de elegibilidad.
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