Cinco ciudadanos venezolanos presentaron una demanda civil ante una corte federal del Distrito Este de Nueva York contra Nicolás Maduro, a quien responsabilizan por las presuntas ejecuciones extrajudiciales de seis de sus familiares ocurridas entre 2017 y 2021 durante operativos de las extintas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
La acción judicial fue interpuesta cuando están por cumplirse seis meses de la captura de Maduro en Caracas por autoridades estadounidenses, en el marco de un proceso en el que enfrenta cargos relacionados con narcotráfico, narcoterrorismo y tráfico de armas. El exmandatario ha rechazado las acusaciones y permanece detenido en Nueva York a la espera de nuevas audiencias.
Según la demanda, las seis víctimas —cinco hombres jóvenes y un adolescente— murieron durante intervenciones realizadas por agentes de las FAES en sus viviendas o en las inmediaciones de estas. Por razones de seguridad, el documento judicial no divulga la identidad de los demandantes ni de los fallecidos.
Los demandantes sostienen que las FAES, creadas en 2017 como una unidad de élite de la Policía Nacional Bolivariana para combatir el crimen organizado, terminaron siendo utilizadas como un mecanismo de represión política y control social en sectores populares, donde presuntamente cometieron numerosas ejecuciones extrajudiciales.
La querella también afirma que este cuerpo policial estaría vinculado con al menos 1.300 muertes registradas entre 2017 y 2020, aunque señala que organizaciones no gubernamentales estiman que la cifra real podría ser superior. Además de solicitar el reconocimiento de responsabilidades, las familias reclaman una compensación económica por los daños sufridos.
El caso se suma a otros cuestionamientos internacionales sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. En informes anteriores, una misión independiente creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó que existían motivos razonables para investigar la posible responsabilidad de altos funcionarios venezolanos en violaciones graves de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y otros abusos.
Durante años, Maduro y su gobierno rechazaron de forma reiterada esas acusaciones, calificándolas de infundadas y asegurando que responden a motivaciones políticas. Hasta el momento, los abogados del exmandatario en Estados Unidos no habían emitido comentarios públicos sobre la nueva demanda presentada por las familias venezolanas.
Fuente: CNN
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