Cuatro miembros del Congreso de Estados Unidos, incluidos los tres legisladores cubanoamericanos del sur de Florida, enviaron una carta al presidente Donald Trump solicitando que el Departamento de Justicia (DOJ) evalúe imputar a Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos aeronaves civiles de la organización Hermanos al Rescate, así como considerar la emisión de notificaciones rojas de Interpol en su contra.
El documento fue compartido en Facebook por el congresista Mario Díaz-Balart, quien destacó a Trump como “un firme aliado y un símbolo de esperanza” para los activistas que luchan por la democracia en Cuba, y subrayó que “la rendición de cuentas debe comenzar desde arriba”.
Según la carta, los legisladores buscan resaltar “una injusticia de larga data” y señalan: “Respetuosamente solicitamos que el Departamento de Justicia considere acusar a Raúl Castro, responsable de los asesinatos a sangre fría de tres estadounidenses y un residente permanente de Estados Unidos, en el derribo de 1996 de dos aeronaves civiles por aviones MiG cubanos, y evalúe si deben emitirse notificaciones rojas de Interpol contra él”.
El documento detalla que el 24 de febrero de 1996 Raúl Castro habría ordenado a un MiG cubano “intervenir y destruir” las dos aeronaves civiles de Hermanos al Rescate, que sobrevolaban aguas internacionales para “identificar y ayudar” a balseros cubanos. Las víctimas fueron Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.
Los congresistas recuerdan que el caso ya tuvo antecedentes judiciales en Estados Unidos: el 10 de junio de 2001, un jurado federal presidido por la jueza Joan Lenard condenó a Gerardo Hernández Nordelo, exespía cubano, por “conspiración para cometer asesinato” al proveer información sobre los vuelos de Hermanos al Rescate. Asimismo, el 21 de agosto de 2003, un gran jurado acusó a dos pilotos cubanos y a su jefe, Rubén Martínez Puente, por cargos de asesinato relacionados con el derribo. Un informe de la Organización de Aviación Civil Internacional concluyó que el gobierno cubano actuó ilegalmente, ya que los aviones no se encontraban sobre territorio cubano ni en su espacio aéreo.
La carta está firmada por Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Nicole Malliotakis, y se remitió también a Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, como parte de las gestiones para que se investigue la responsabilidad de la cúpula cubana en este trágico episodio.
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