En los primeros cinco meses de 2024, México ha triplicado la cantidad de detenciones de migrantes en comparación con el mismo periodo del año anterior, según el último boletín del Instituto Nacional de Migración (INM). Este incremento, que supera el 200%, marca un máximo histórico en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. De mantenerse esta tendencia, en solo siete meses se superarán las cifras de todo 2023, que ya había establecido un récord.
Entre enero y mayo de este año, el INM registró 590.401 "eventos de personas en situación migratoria irregular", una cifra que equivale a casi 4.000 detenciones diarias. Este total ya se acerca a las 782.176 detenciones realizadas en todo 2023. La ONU ha denunciado anteriormente que la detención arbitraria en México es un problema generalizado, asociado con malos tratos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias. El Gobierno mexicano, sin embargo, ha rechazado estas críticas, afirmando que su política de seguridad busca abordar las causas estructurales de la desigualdad.
A pesar de las declaraciones oficiales sobre una "visión progresista" de la migración y la implementación de un "modelo mexicano de movilidad humana", los datos sugieren una realidad diferente. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, destacó estos esfuerzos el 26 de junio, pero la emisión de visas por razones humanitarias ha disminuido drásticamente. Entre enero y mayo de este año, solo se emitieron 1.243 visas humanitarias, en comparación con las 68.284 del mismo periodo del año anterior.
Este contraste entre la retórica oficial y las acciones en el terreno plantea serias dudas sobre la efectividad y la humanidad de las políticas migratorias de México. La aceleración en las detenciones podría obstaculizar las ventas y el comercio en áreas afectadas, además de tensar las relaciones diplomáticas y humanitarias. Es evidente que para abordar la crisis migratoria de manera efectiva, se necesita un enfoque más integral y compasivo que vaya más allá de las detenciones masivas y las medidas punitivas.
Las cifras y acciones recientes muestran que, aunque el Gobierno mexicano afirma tener una política migratoria humanitaria y progresista, la realidad en las calles y en los centros de detención pinta una imagen muy diferente. Es fundamental que las políticas se alineen con los principios de derechos humanos y que se busquen soluciones que realmente aborden las causas subyacentes de la migración.