En pleno Marzo de 2026, Cuba vivió otro capítulo de represión política disfrazado de sanción laboral. Ewald Nieves Manduley, comunicador cultural con casi 23 años de carrera, fue despedido de su trabajo por una publicación en su perfil personal de Facebook en la que cuestionaba la manipulación histórica de la figura de José Martí por parte del régimen. Su caso revela un patrón sistemático: en la Isla, expresar una idea fuera de la narrativa oficial puede costarle a cualquier ciudadano mucho más que un comentario —puede costarle su sustento y su dignidad laboral.
Ewald Nieves Manduley, trabajador del Sectorial Municipal de Cultura en Guáimaro, provincia de Camagüey, fue notificado de su despido a comienzos de marzo de 2026 tras publicar en su cuenta personal de Facebook un texto crítico sobre la forma en que el régimen cubano —representado por figuras como Fidel Castro— ha utilizado la imagen de José Martí para legitimar su continuidad política. La publicación no tenía carácter institucional ni se originó desde un canal oficial, pero tocó “un punto sensible” que desencadenó una represalia directa.
Según la denuncia de la organización legal independiente Cubalex, figuras del Partido Comunista y de la Seguridad del Estado se reunieron en la sede local del PCC en Guáimaro para coordinar el procedimiento represivo antes de que ocurriera el despido formal, lo que sugiere un operativo planificado desde instancias oficiales previas.
Este no ha sido un caso aislado. En marzo de 2026, otro profesional fue expulsado de la CUJAE por publicaciones similares en redes sociales, provocando protestas estudiantiles y reacciones de figuras destacadas de la cultura cubana. El patrón muestra que el régimen ha intensificado el uso de sanciones laborales como forma de control político y disciplinamiento ideológico en la vida cotidiana de los cubanos.
Organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos han señalado que normas como el Decreto‑Ley 370 funcionan como herramientas de censura formal al penalizar opiniones emitidas en plataformas personales, restringiendo así la libertad de expresión digital en Cuba.
Los antecedentes de este tipo de represalias se remontan al menos a 2021, con casos en los que docentes universitarios o figuras públicas perdieron su empleo por expresar posturas ideológicas contrarias al discurso oficial. Entre ellos destaca el actor cubano Edel Carrero, despedido por su participación en protestas del 11 de julio (11J), y múltiples académicos sancionados por su actividad en redes sociales o en eventos públicos.
El informe semestral de Cubalex sobre derechos humanos reportó más de 1,200 violaciones documentadas en la segunda mitad de 2025, evidenciando una escalada sostenida de prácticas represivas —incluyendo despidos, hostigamiento, detenciones arbitrarias y censura sistemática— orquestadas desde el aparato estatal contra ciudadanos que disienten.
El caso de Ewald Nieves Manduley pone en evidencia cómo en Cuba el empleo estatal no solo garantiza un salario, sino que también se convierte en moneda de obediencia política: opinar fuera del guion oficial puede significar perder décadas de trabajo de la noche a la mañana.
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