El Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) de Cuba impuso 4,332 multas a negocios privados que violaron los precios regulados entre los días 12 y 13 de julio, acumulando un total de más de 13 millones de pesos en sanciones, según reportó el diario oficialista Granma.
En un esfuerzo por controlar el sector no estatal, autoridades e inspectores realizaron 11,891 controles a nivel nacional para asegurar el cumplimiento de los precios minoristas. Vladimir Regueiro Ale, titular del MFP, señaló que se detectaron violaciones en un 41,7% de los casos, con un total de 4,954 infracciones registradas.
Además de las multas, se llevaron a cabo 354 ventas forzosas, principalmente en La Habana, se retiraron temporalmente 53 autorizaciones de funcionamiento y se realizaron 21 decomisos, en su mayoría a comerciantes ilegales.
El gobierno cubano había anunciado recientemente la implementación de topes de precios en seis productos básicos de alta demanda, mediante la Resolución 225/2024 del MFP, publicada en la Gaceta Oficial de Cuba. Los productos con precios máximos son:
Esta medida busca mitigar el impacto de la inflación en los consumidores eliminando el pago del Impuesto Aduanero en las importaciones de estos productos y fijando precios máximos de venta, que consideran los costos de adquisición, comercialización, la ganancia de los comerciantes y el impuesto sobre las ventas. También se establece un margen de ganancia de hasta un 30% sobre los costos y gastos, siempre que no se excedan los precios definidos.
Un ejemplo de las multas impuestas se dio en La Habana del Este, donde el dueño de una MiPyme vendía aceite a 1,200 pesos por litro, cuando el precio fijado es de 990 pesos. El MFP informó en Twitter que este establecimiento recibió una multa de 8,000 pesos según el Decreto 30, Artículo 7, inciso B.
En otra inspección en el municipio Boyeros, se detectó la venta de aceite, pollo y salchichas a precios superiores a los permitidos, resultando en nuevas sanciones. Estas acciones forman parte de la estrategia del gobierno cubano para controlar los precios y proteger a los consumidores en medio de una economía afectada por la inflación y otras dificultades.