Una vez más, el gobierno cubano intenta tapar un problema estructural con operativos mediáticos que apenas rasgan la superficie del caos económico cotidiano. La reciente jornada de inspecciones masivas en Sancti Spíritus, donde se impusieron más de 3 000 multas y se realizaron decomisos y cierres de negocios, no es más que otro ejemplo de una política que busca aparentar orden sin resolver absolutamente nada de fondo.
¿Sirve de algo que un ejército de inspectores recorra placitas y negocios privados durante unos días si, tan pronto se marchan, los precios vuelven a dispararse? La respuesta, evidente en la realidad diaria del cubano, es un rotundo no. Las cifras pueden impresionar en un informe: más de 4 000 inspecciones, millones de pesos en multas... pero en los mercados, el tomate sigue inalcanzable, el arroz desaparece y el queso solo lo ve quien puede pagarlo a precio de oro.
La ineficacia del modelo de control punitivo queda al descubierto cuando los propios vendedores reconocen que prefieren pagar la multa y continuar con sus prácticas, porque saben que, en cuestión de horas, recuperarán lo “perdido” vendiendo al triple del precio oficial. La represión administrativa no toca el núcleo del problema: la escasez generalizada, la falta de incentivos reales para producir y comercializar de forma legal, y una inflación que convierte cualquier intento de “precio justo” en una quimera.
No se trata de justificar abusos ni indisciplinas, pero sí de preguntarse por qué los precios están tan descontrolados. El Estado sigue pretendiendo fijar tarifas sin garantizar un mercado abastecido ni condiciones operativas justas para los actores económicos. Pretende regular sin asumir su responsabilidad como proveedor mayorista y regulador real de la economía.
El despliegue de estas operaciones —que bien podrían llamarse ejercicios de propaganda— revela, además, un profundo desconocimiento de cómo funciona el mercado informal cubano. Si los operativos son anunciados con antelación, los infractores se esconden, retiran la mercancía o simplemente esperan a que pase el vendaval. Y si no se avisan, se produce una estampida de improvisaciones que muchas veces terminan afectando más al consumidor que al infractor.
Además, estos ejercicios están más enfocados en castigar que en prevenir o educar. Multas de 5 000 pesos pueden parecer ejemplarizantes, pero para quienes se mueven en circuitos de altos ingresos informales, ese monto es apenas un gasto operativo. A los pequeños emprendedores y trabajadores por cuenta propia, en cambio, los pueden llevar a la quiebra o a operar aún más en la sombra.
El verdadero problema es que en Cuba no existe un entorno económico funcional. Mientras los productores sigan sin acceso a insumos, transporte, financiamiento y un marco legal transparente, el descontrol de precios será una constante. Y mientras los consumidores tengan que resolver cada comida del día como un acto de supervivencia, los precios seguirán siendo negociados en el caos.
La solución no está en el castigo, sino en la creación de condiciones económicas reales. No se trata de más inspectores, sino de más producción. No se trata de llenar estadísticas con multas, sino de llenar mercados con productos. Hasta que eso no ocurra, seguirán poniendo curitas sobre una herida que no deja de sangrar.
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